Conductores de Uber reclamaron por los controles, pidieron una prórroga para regularizar su situación y denunciaron una supuesta persecución. Desde el municipio rechazaron esas acusaciones, defendieron la ordenanza vigente y aseguraron que los controles continuarán.
La tensión entre los choferes de Uber y la Municipalidad de Alta Gracia sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que conductores de la plataforma realizaran una movilización y mantuvieran una reunión con autoridades municipales para plantear sus reclamos vinculados a la regulación de la actividad.
Los trabajadores cuestionaron los controles que se vienen realizando y solicitaron una nueva prórroga para completar la documentación exigida por la ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas de transporte en la ciudad.
Sebastián Soto, uno de los representantes de los conductores, aseguró que existe una situación de hostigamiento hacia quienes trabajan mediante la aplicación.
“Ya hay persecución hacia los choferes de Uber”, sostuvo.
Según explicó, los conductores habían comenzado a presentar la documentación requerida por el municipio, pero denuncian que continúan los secuestros de vehículos mientras el proceso de regularización sigue en marcha.
“La idea era que mientras presentábamos los papeles no ocurrieran estas situaciones. Ayer le quitaron el auto a un compañero y eso generó mucha preocupación”, expresó.
Soto remarcó que gran parte de los choferes está avanzando con la inscripción municipal, aunque señaló que existen requisitos que consideran difíciles de cumplir.
“Estamos de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Necesitamos una prórroga para terminar de acomodarnos a lo que se exige”, afirmó.
La respuesta del municipio
Tras la reunión, el secretario de Comercio, Industria y Modernización del Estado, Maximiliano Caminada, aseguró que no hubo avances concretos y rechazó los planteos realizados por los conductores.
“La verdad es que no se llegó a ningún acuerdo porque las peticiones que nos estaban haciendo no van en relación a la ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante”, manifestó.
El funcionario también cuestionó algunas de las solicitudes planteadas por los choferes.
“Piden que se libere todo, que nadie presente antecedentes y hablan de persecución, cosas que no existen”, afirmó.
Caminada aseguró que desde el municipio siempre hubo disposición al diálogo.
“Siempre se los ha recibido en la Secretaría y siempre se les ha dado lugar para escucharlos”, sostuvo.
Además, explicó que existen condiciones que la Municipalidad considera indispensables para garantizar la seguridad de los usuarios.
“No podemos autorizar que vehículos de otras localidades trabajen en Alta Gracia sin cumplir requisitos, ni permitir que circulen sin la documentación correspondiente o sin las habilitaciones exigidas”, señaló.
Una ordenanza que lleva más de un año de discusión
El funcionario recordó que la regulación de las plataformas no fue una medida improvisada.
“Esto comenzó a trabajarse en febrero del año pasado. La ordenanza fue presentada en junio, aprobada por unanimidad el 5 de noviembre y entró en vigencia en febrero de este año”, explicó.
También recordó que posteriormente se otorgó una extensión de 60 días para facilitar la adaptación de los conductores.
“Estamos hablando de más de un año de trabajo, aprobación y prórrogas. Sin embargo, todavía no vemos reflejada la cantidad de inscripciones que esperábamos”, indicó.
Los controles continuarán
Consultado sobre la posibilidad de suspender los operativos, Caminada fue categórico.
“Los controles van a seguir como hasta ahora. Es nuestro trabajo, nuestro deber y nuestra obligación hacerlo”, aseguró.
Además, remarcó que las inspecciones alcanzan a todos los servicios de transporte.
“Los controles se realizan para taxis, remises y plataformas por igual”, afirmó.
“Queremos que las plataformas trabajen”
Pese a las diferencias, el funcionario insistió en que el municipio no busca impedir el funcionamiento de Uber en la ciudad.
“Nosotros estamos de acuerdo en que trabajen a través de plataformas. Si no quisiéramos que trabajaran, jamás hubiéramos impulsado una ordenanza para regularlas”, sostuvo.
Sin embargo, reiteró que la actividad debe desarrollarse dentro del marco legal vigente.
“Hay una normativa vigente y hay que cumplirla. De lo contrario entraríamos en una situación donde cada uno hace lo que quiere, y cuando ocurre un problema la responsabilidad termina siendo del municipio”, concluyó.
Por el momento, las partes no lograron alcanzar un acuerdo y la posibilidad de modificar aspectos de la normativa quedó supeditada a una eventual presentación ante el Concejo Deliberante, organismo que debería evaluar cualquier cambio en la ordenanza actualmente vigente.