Las declaraciones de la diputada nacional del PRO alineada con La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, volvieron a encender el debate en Córdoba y, para muchos, recordaron inevitablemente al discurso que utilizó Cristina Fernández de Kirchner durante el fuerte aumento de tarifas de 2014.
Durante una entrevista en el programa STREAM ABIERTO de Mi Valle Medios junto a Lux Producciones, la legisladora libertaria defendió sin matices la modificación impulsada por el Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría y aseguró que “no se va a subsidiar más para climatizar la pileta o el sauna”.
Además, admitió que miles de usuarios dejarán de recibir descuentos en la factura del gas porque, según explicó, el beneficio quedará limitado solamente para quienes sean considerados vulnerables.
“Los que no necesitan el subsidio, por supuesto que van a pagar más. No le vamos a subsidiar más el gas a funcionarios, diputados o personas que tienen posibilidad económica, como Facundo Torres”, expresó Rodríguez Machado, citando directamente al legislador cordobés como ejemplo durante la entrevista.
Las frases generaron repercusión inmediata no solo por el contenido, sino también por la similitud discursiva con una etapa que tuvo enorme rechazo social en Argentina y que incluso ocupó tapas de medios nacionales e internacionales debido al impacto de los tarifazos sobre la clase media.
En 2014, Cristina Kirchner justificaba la quita de subsidios afirmando que “no es justo que alguien que compra dólares tenga subsidios de gas y luz”.
Ahora, más de una década después, el argumento vuelve a aparecer con otro signo político pero con una lógica parecida: sostener que determinados sectores “pueden pagar más” y relativizar el impacto del aumento en las boletas.
Sin embargo, una de las mayores polémicas se generó cuando se le consultó por qué el Gobierno nacional no analiza previamente quiénes deberían perder el beneficio antes de avanzar con una posible quita masiva, evitando así que familias vulnerables queden temporalmente afuera del sistema.
Rodríguez Machado respondió que eso sería “arbitrario” y aseguró que el esquema funcionará mediante inscripción voluntaria de los usuarios.
“La gente se tiene que inscribir y el Gobierno determinará si corresponde o no el subsidio”, sostuvo.
La postura despertó fuertes cuestionamientos, especialmente porque en otros recortes impulsados por Nación —como ocurrió con pensiones por discapacidad y distintos beneficios sociales— primero se avanzó sobre las bajas y luego se revisaron los casos particulares.
La diputada, una de las principales defensoras cordobesas del paquete de medidas impulsadas por Javier Milei, también cargó con dureza contra el gobernador Martín Llaryora, quien había advertido que unos 600 mil usuarios cordobeses podrían verse afectados por la medida.
“Es muy preocupante que el gobernador genere pánico diciendo que 600 mil usuarios van a perder el subsidio”, lanzó.
Pero la tensión política no quedó ahí. En las últimas horas, Rodríguez Machado había generado una catarata de críticas tras publicar un mensaje en redes donde calificó como “ovejitas” a intendentes que acompañaron el reclamo encabezado por Llaryora contra la modificación de Zona Fría.
La frase cayó muy mal incluso entre jefes comunales y dirigentes no peronistas que participaron de la reunión con el gobernador y que consideran que el proyecto podría impactar fuertemente en sectores medios y trabajadores del interior cordobés.
Uno de los que salió rápidamente al cruce fue el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Marcos Torres, quien cuestionó el tono utilizado por la diputada y defendió la postura de los intendentes que participaron del encuentro con el gobernador.
Durante la entrevista también hubo cuestionamientos hacia la legisladora por llevar permanentemente el debate al plano político e ideológico, en lugar de profundizar concretamente sobre cuál podría ser el verdadero impacto para miles de familias cordobesas.
En ese marco, se le pidió que explicara con mayor claridad cuáles serían las consecuencias reales para los usuarios y cómo se garantizaría que ninguna persona vulnerable quede afuera del beneficio. Sin embargo, ante las consultas y repreguntas, volvió a comparar la situación actual con gestiones anteriores y reiteró que “ningún cordobés que realmente lo necesite va a correr riesgo” de perder el subsidio.
Además, defendió la política económica nacional y aseguró que el país atraviesa una mejora respecto a los índices heredados.
“Pasamos de una inflación anual del 211% a una muchísimo menor”, afirmó.
Mientras tanto, el debate por Zona Fría sigue creciendo en Córdoba y promete convertirse en uno de los temas políticos más calientes de las próximas semanas, especialmente en los 13 departamentos alcanzados actualmente por el beneficio.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que busca “equidad” y una reducción de subsidios, distintos sectores políticos y sociales advierten que detrás del nuevo esquema habrá aumentos concretos en las facturas de gas para familias trabajadoras y sectores medios que ya vienen golpeados por la situación económica.
Para muchos cordobeses, el debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica: si el ajuste energético siempre termina recayendo sobre el interior productivo mientras las decisiones se toman lejos de la realidad cotidiana de las provincias.
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