La aparición de un grupo de WhatsApp denominado “Agreguen a todos” encendió la alarma en Alta Gracia y la región, luego de que decenas de niña/os y adolescentes fueran incorporados sin autorización y comenzaran a circular mensajes con amenazas explícitas y contenido violento.
Según pudo confirmar este medio a partir de capturas que ya circulan entre familias, dentro del grupo se comparten textos con referencias directas a posibles ataques, menciones a fechas concretas y mensajes de represalia vinculados a situaciones de bullying.
En algunos de los contenidos difundidos, incluso se observan imágenes de armas de fuego y listados con nombres propios, lo que elevó de manera inmediata el nivel de preocupación entre padres, docentes y autoridades educativas.
Un dato en análisis: el posible origen del grupo
Entre la información que comenzó a circular, se menciona que el grupo habría sido creado por un usuario con número telefónico de origen internacional, presuntamente de Perú.
Sin embargo, este dato no cuenta hasta el momento con confirmación oficial y forma parte de las líneas que podrían ser analizadas en el marco de una eventual investigación judicial.
Mensajes alarmantes y clima de tensión
Los mensajes difundidos presentan un tono intimidante, con amenazas generalizadas y referencias a distintos grupos de estudiantes, lo que amplifica el alcance de la preocupación en la comunidad educativa.
A esto se suma la viralización de imágenes que buscan reforzar ese mensaje, generando un clima de tensión que rápidamente se trasladó a las familias.
Ingresos sin consentimiento y rápida reacción
Uno de los puntos más sensibles del caso es que muchos adolescentes fueron agregados al grupo sin haberlo solicitado. Frente a esta situación, gran parte de los jóvenes optó por abandonar el chat, mientras que padres y madres comenzaron a intercambiar información para entender el origen del fenómeno.
Intervención judicial en evaluación
De acuerdo a lo que pudo saberse, ya se analiza la posibilidad de dar intervención a la Justicia, con el objetivo de investigar el origen del grupo, identificar a sus administradores y determinar el alcance real de las amenazas.
No se descarta la intervención de áreas especializadas en ciberdelito, dado el carácter sensible del caso y la presencia de menores de edad.
