Este miércoles el municipio de Anisacate pegó un volantazo y dio marcha atrás mediante decreto 13/2024 para que el artículo que habían sacado de la nueva ordenanza de transporte, sea incluido nuevamente.
¿De qué se trata? Los concejales que responden a la actual intendente Natalia Contini habían dejado sin efecto la ordenanza que habilitaba el transporte público de la gestión anterior, y aprobaron una nueva (casi igual) solo que esta extraía del escrito un párrafo cuando menos polémico:
“Art.9: NO podrán ser Titulares de Agencias del Servicio Público de Remis: a) Los funcionarios y/o empleados municipales pertenecientes a la planta permanente y/o vinculados por contrato de cualquier tipo con la Municipalidad, ni sus cónyuges, salvo que mediare divorcio o separación legal”
Este es el artículo que había sido extraído de la nueva ordenanza.
“Lo defiendo porque coincidimos con lo que pide el Ejecutivo”, dijo la semana pasada el presidente del bloque Favio Ferrerya, ante el cuestionamiento de la oposición, y aclarando que el escrito bajaba desde la intendencia para que sea aprobado.
Es decir…que el gobierno de Anisacate, con Contini a la cabeza, estaba pidiendo que los funcionarios y empleados puedan hacer negocio con el transporte público ¿Antiético, no? o al menos contradictorio… en relación al discurso oficial que se viene desplegando desde el 10 de diciembre en redes.
“¡Si pasaba…pasaba!”, dijeron algunos ediles…ya que como los vecinos presentes en el recinto y la oposición los obigaron a enderezar el barco, la cosa cambió en tiempo récord. Todo esto dejó un claro mensaje sobre la importancia de controlar las gestiones, y más cuando el estandarte de campaña viene siendo la supuesta “transparencia” que cada día viene empañádose más con varias cuestiones.
