La ciudad de Villa Allende, en el Gran Córdoba, se encuentra en el centro del debate público tras la aprobación de una controvertida ordenanza que habilita el cierre nocturno de calles en algunos de sus barrios. La medida, presentada como parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, ha generado reacciones divididas entre vecinos, concejales y especialistas en seguridad.
Una Medida para Combatir la Inseguridad
El intendente Pablo Cornet, impulsor de la iniciativa, sostiene que el objetivo del programa es mejorar la seguridad, reforzando el monitoreo y control en sectores específicos de la ciudad. El plan contempla el cierre de arterias secundarias en barrios seleccionados entre las 22:00 y las 6:00, la instalación de cámaras de vigilancia, rondines preventivos y la colocación de lectores de patentes para detectar vehículos sospechosos.
“Es una respuesta necesaria ante el incremento de hechos delictivos. Queremos llevar tranquilidad a los vecinos, sin comprometer su libertad de circulación”, afirmó Cornet.
El Registro de Oposición: ¿Participación Ciudadana o Exclusión?
Uno de los puntos más debatidos es el “Registro de oposición”, un mecanismo que permite a los vecinos manifestarse a favor o en contra del programa. Para que el proyecto no se implemente en un barrio, al menos el 40 % de los residentes deben expresar su rechazo.
Sin embargo, la oposición y algunos vecinos consideran que esta medida es insuficiente y podría derivar en divisiones internas entre quienes apoyan el cierre y quienes lo rechazan. Marta Banegas, concejala del bloque “Elegí Villa Allende”, sostuvo que la medida es segregatoria y que no existen estudios que prueben su efectividad en la reducción del delito.
Vecinos Movilizados: Entre el Miedo y la Indignación
Las voces críticas no se hicieron esperar. Durante las últimas semanas, vecinos autoconvocados organizaron movilizaciones y juntaron cerca de 2.900 firmas para oponerse al programa. Afirman que el cerramiento limita su libertad y convierte a los barrios en espacios “cerrados y vigilados”.
“Nos van a encerrar en nuestros propios barrios, esto no es seguridad, es segregación”, expresó Ricardo Panzetta, uno de los vecinos que lidera las protestas.
Una Solución Parcial en Medio de la Inseguridad
El programa se aplicará en tres sectores de la ciudad, cada uno con distintas áreas de restricción. Mientras tanto, el municipio ha prometido que el servicio de Seguridad Ciudadana y la Policía continuarán patrullando las zonas.
Sin embargo, la polémica sigue abierta. El bloque opositor ha anticipado que podría recurrir a la Justicia para presentar un amparo, argumentando que la medida vulnera el derecho constitucional de libre circulación.
El intendente Cornet, por su parte, defiende la ordenanza asegurando que se trata de una solución que responde a las preocupaciones de los vecinos. “Hemos escuchado a la gente y puesto a su disposición herramientas para mejorar la seguridad. Ahora son ellos quienes deben decidir”, concluyó.