Esta agrupación política recibirá $ 107,4 millones para imprimir las boletas. Se ubica segunda en cantidad de dinero percibido para las PASO en Córdoba.
Víctor Toledo es uno de los referentes territoriales catalogados como la “vieja guardia” del departamento Santa María. Durante muchos años fue intendente de la localidad de Toledo pero no pudo repetir en las elecciones de 2023 debido a la ley que prohíbe la re re elección. En su lugar fue su secretario de Gobierno, quien cayó ante su hermano, que iba como candidato de Juntos por el Cambio, convirtiéndose en una de las localidades peronistas históricas que cambió su color político en estas elecciones.
Pero, más allá de la derrota que sorprendió a varios, lo más emblemático, fue quizás que Toledo, además de ser un histórico, era la mano derecha del ministro de Empleo, también autoridad de la Comunidad Regional y presidente del Partido Justicialista en Santa María; es decir, hombre fuerte del peronismo local que por otra parte sonaba para integrar la lista sábana de candidatos a legisladores por distrito único; cosa que finalmente no pudo ser por una denuncia en su contra por supuesta violencia de género, que luego habría sido desestimada.
Todo hacía indicar que el ex intendente se tomaría unas vacaciones hasta ver cual sería su destino luego de la derrota de peronismo en su pueblo y de la imposibilidad de ser candidato en estas elecciones, pero no fue así, su poder de reciclado es algo sorprendente y nuevamente apareció en escena, esta vez integrando una lista como candidato a diputado por el frente electoral Proyecto Joven.
La sorpresa sin dudas, no fue solo eso, sino que su partido recibirá del Estado nacional $ 107,4 millones para imprimir las boletas de sus respectivos lemas, encabezados por el locutor Armando Osores y Rodolfo Mario Cejas; el mismísimo Víctor Toledo y el exfutbolista Juan Spallina, también Hugo Flores y Julio César Pérez.
Esta agrupación tendrá, en conjunto, más dinero que las listas que competirán bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, que recibirán $ 89.500.567, y que deben imprimir boletas para las opciones que encabezan Juan Carlos Forneris (no tiene candidatos a presidente ni a Parlasur); Pedro Dellarossa, que se acopla a la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, y Luis Picat, que compite con la que encabeza Patricia Bullrich.
¿Por qué se manejan así los fondos?
Según un informe presentado por La Voz del Interior, en Córdoba competirán para las PASO 28 listas. Estas listas que van a las urnas el próximo 13 de agosto recibirán aportes públicos por $ 760 millones, monto que debería estar destinado a la impresión de 260.532.480 millones de boletas (cada una de 12 por 9,5 centímetros), una muestra cabal del despilfarro de recursos del sistema de votación que se utiliza en los comicios nacionales.
La ley de partidos políticos obliga al Estado nacional a proveerle a cada una de las listas de los recursos para imprimir sus boletas. Para esta Paso, el cálculo oficial es que cada lista debe recibir $ 2,92 por cada tramo (cada categoría es un tramo). En el caso de Córdoba, el máximo de tramos por lista es cuatro: presidente y vice, Parlasur, diputados nacionales y Parlasur regional.
Así, las listas que compiten en los cuatro tramos recibirán $ 11,68 por boleta, monto que debe multiplicarse por el padrón de Córdoba: 3.065.000, aproximadamente.
La ley fija que cada lista debe imprimir para las Paso la cantidad de boletas equivalente al padrón de su distrito, como si todos los electores concurriesen a votar y todos lo hicieran por una única boleta.
En el caso de Córdoba, el padrón debe multiplicarse por 28, que es la cantidad de listas que habrá en el cuarto oscuro, y además por la cantidad de tramos en la que se compite.
En las Paso, habrá en Córdoba 15 listas que presentarán candidatos en todos los tramos y recibirán, cada una, $ 35,7 millones.
La Cámara Nacional Electoral, que controla a los partidos políticos, viene advirtiendo desde hace varias elecciones que este mecanismo de financiamiento, pergeñado por la propia política para sí misma, facilita el negocio de los sellos electorales y dificulta el control.
Por eso, en una acordada reciente, instruyó a las listas a pagar a las imprentas con transferencias bancarias o cheque cruzado, para tener la trazabilidad del dinero, y les pidió a los auditores de la Justicia que reforzaran los controles sobre el stock de papel de las imprentas. Algo difícil.
La Cámara Electoral recordó que las sospechas de “anomalías en la rendición de gastos del aporte público para la impresión de boletas de votación” vienen desde 2017, cuando la propia cámara “hizo notar el incremento exponencial de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las elecciones primarias, que en aquel entonces implicaba un aumento de más del 400% en relación con comicios anteriores”.
La tradición es que cada lista le provea a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1, a cargo de organizar la elección nacional, de unas 100 boletas por urna. Esto no es una exigencia legal.
Bajo esta premisa, el control efectivo podría hacerse sólo sobre las 9.097 mesas que se desplegarán el 13 de agosto en Córdoba (el número final de urnas puede ampliarse).
Por ejemplo: si se tomaran los cuatro tramos de las 28 listas (112 tramos) que se presentan, la auditoría debería controlar que se hubieran gastado $ 2.975.082, que demandaría la impresión de 909.700 boletas por agrupación (para las 100 por urna).
En este escenario, en el limbo queda el control respecto de la impresión de unas 2.155.844 boletas restantes (un universo de $ 6,3 millones por lista), lo que da un monto aproximado de $ 427,5 millones de compleja fiscalización por parte del Estado.
El foco de la inspección, entonces, es determinar cuántas boletas imprime efectivamente cada una de las listas por fuera de las 100 que se estila enviar en cada urna.