El reciente comunicado emitido por el Servicio Médico Paravachasca Salud sorprendió —y desconcertó— a más de un funcionario y vecino del Valle de Paravachasca. La empresa informó que dejará de prestar cobertura en distintos tramos de la región debido a la “falta de remuneración histórica” por parte del Gobierno provincial desde julio de 2024. Un reclamo que, a simple vista, parecería legítimo… si no fuera porque los directivos de la firma están detenidos hace meses, involucrados en la causa Apross, una de las tramas de estafa más graves que haya atravesado la obra social provincial.
Mientras el proceso judicial avanza, la empresa tiene suspendido el contrato oficial para operar en la región, justamente por su posible participación en maniobras ilícitas que derivaron en millonarios perjuicios para el sistema de salud. Sin embargo, y en una vuelta de tuerca difícil de explicar, el comunicado difundido esta semana habla de “interrupción del servicio” como si se tratara de una decisión autónoma, ajena a la situación judicial que enfrenta.
El mensaje desliza además una advertencia: el corte del servicio podría generar “graves problemas en vísperas de la temporada de verano”. Lo que no aclara —y es la parte sustancial de la historia— es que el servicio ya estaba en cuestión desde hace meses, y que la preocupación real reside en la falta de alternativas estables y seguras para la población local, que se ve atrapada en un panorama de indefinición justo cuando el flujo turístico, los accidentes y las emergencias tienden a multiplicarse.
La contradicción central
El planteo público de Paravachasca Salud choca, de frente, con la realidad judicial y administrativa que atraviesa: Sus propietarios están detenidos por su presunta participación en una estafa millonaria. El contrato oficial para operar en la región se encuentra suspendido. La empresa no presta servicios con normalidad desde hace tiempo.
Aun así, se posiciona como quien “interrumpe” voluntariamente un servicio que, en los hechos, ya no estaba garantizado desde mucho antes.
Un problema real, pero una vocería impropia
La situación deja planteada una paradoja: la región necesita un sistema de emergencias confiable, con personal habilitado, vehículos en regla, remuneración acorde y supervisión estatal. Ese problema es real y urgente. Pero la vocería que eligió aparecer en escena —una empresa cuestionada judicialmente, con sus directivos detenidos— solo agrega confusión y desgaste institucional.
Más que un aviso sanitario, el comunicado parece una estrategia defensiva de una firma golpeada por su propia trama judicial.
Lo que viene
Con la temporada alta a las puertas, la región necesita soluciones claras y rápidas. No desde comunicados sin sustento, sino desde políticas públicas coordinadas, transparencia, controles firmes y decisiones que prioricen la vida de vecinos y turistas.
Porque en emergencias, la lógica importa. Y en este caso, el mensaje enviado no solo carece de lógica: también carece de autoridad moral.
