La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió un fuerte debate jurídico. Dos voces de peso del derecho del trabajo en Córdoba —el decano de la Facultad de Derecho de la UNC, Carlos Toselli, y el abogado laboralista y ex juez César Arese— coincidieron en una definición contundente: la norma implica un retroceso en materia de protección laboral y altera pilares históricos del modelo argentino.
Lejos de hablar de modernización, ambos especialistas advirtieron que los cambios debilitan derechos individuales y colectivos, generan incertidumbre en el empleo y podrían incluso abrir cuestionamientos constitucionales.
Empleo, indemnizaciones y jubilaciones en el centro del debate
Uno de los ejes más discutidos es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que redirecciona aportes patronales hacia un sistema destinado a cubrir indemnizaciones por despido.
Para Toselli, esta redistribución podría desfinanciar el sistema jubilatorio y generar incentivos a las desvinculaciones, al reducir el impacto económico que históricamente implicó despedir.
Además, relativizó la idea de que la flexibilización generará empleo: sostuvo que la informalidad laboral responde a factores estructurales y no únicamente a la rigidez normativa.
Arese, en la misma línea, señaló que el nuevo esquema puede alterar el equilibrio de estabilidad laboral y aumentar la discrecionalidad empresarial.
Cambios en salarios, licencias y teletrabajo
Entre los puntos que generan mayor preocupación, los juristas mencionaron:
- La incorporación de esquemas de remuneración variable o “salario dinámico”, que introduce incertidumbre en la planificación económica del trabajador.
- La eliminación del preaviso durante el período de prueba.
- Modificaciones en el régimen de enfermedades inculpables, que podrían implicar el pago del 50% del salario en ciertos supuestos.
- La derogación prevista de la Ley de Teletrabajo, que había incorporado derechos vinculados al cuidado y a la desconexión digital.
Arese advirtió que reducir el salario durante licencias médicas puede generar presión indirecta para que trabajadores enfermos concurran igualmente a sus puestos, vulnerando el derecho a la integridad psicofísica y la salud laboral.
Derecho de huelga y negociación colectiva
Uno de los capítulos más sensibles es la ampliación del listado de servicios esenciales con exigencias mínimas de funcionamiento del 75%.
Según Toselli, esto podría restringir significativamente el ejercicio del derecho de huelga.
Arese fue aún más crítico: afirmó que la sanción de la ley representa “un día de luto para el derecho del trabajo”, al entender que debilita la función protectoria del sistema y afecta la negociación colectiva y la libertad sindical.
Incluso anticipó que ciertos aspectos podrían ser cuestionados por su eventual incompatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos laborales, como los establecidos por la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
¿Hay aspectos positivos?
Los especialistas reconocieron algunos puntos que podrían interpretarse como intentos de modernización, como la simplificación registral y los programas de formación laboral.
Sin embargo, consideraron que esos avances resultan insuficientes frente al impacto estructural del resto de las modificaciones.
“La modernidad es avanzar en derechos, no retroceder”, remarcaron.