Hace algunos días. el candidato a gobernador del justicialismo de Córdoba Martín Llaryora, planteó que la política necesita que sus hombres y mujeres deban presentar el examen médico voluntario donde conste que no son consumidores de droga.
Cabe señalar que este requisito, como otros que plantea la normativa vigente en la ciudad, viene a sumar una clara separación entre política y narcotráfico, tal como lo expresa su precursor. Alejándose de toda estigmatización hacía quienes padecen esta dolorosa enfermedad, busca poner distancia entre el posible político consumir de sustancias ilegales y quien la vende (narcotraficante), dejando las manos libres a toda autoridad para ejercer una lucha sin ataduras contra el narcotráfico.
Sin lugar a dudas, esta exigencia busca además la ejemplaridad de sus autoridades y funcionarios públicos de ética, moral, buena conducta, más aún cuando de manos del estado municipal se posee ordenanzas de alcoholemia cero y se proyectan drogadicción cero, exigibles a los ciudadanos.
La política no debería esconderse de este debate y mucho menos desde el justicialismo local, ya que su candidato a gobernador es el impulsor de la iniciativa. Por otro lado la drogadicción es uno de los flagelos más dolorosos que está azotando a la ciudanía y se encuentra entre unos de los principales reclamos de los vecinos tanto de la ciudad como de la región. ¿Se animarán a poner la cuestión sobre la mesa?.