Se aprobó por la mayoría del bloque oficialista las ordenanzas más importantes del cuerpo. Como cada año se repitieron las críticas y chicanas entre el oficialismo y la oposición.
La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Alta Gracia tuvo como principal actor, la discusión del presupuesto y la tarifaria que se aplicará en el periodo del 2023.
Cada año se da el mismo enfrentamiento: la oposición se queja de los aumentos y el oficialismo los defiende por osmosis, pensando que las explicaciones son prescindibles.
Lo cierto es que en ninguna administración responsable se dejan de cobrar tasas pero tampoco se ningunean los pedidos de información específica.
En este caso, como cada ejercicio, se dan particularidades llamativas, en una Tarifaria que propone un aumento promedio cercano al 77%, en los ítems que se relacionan al gasto institucional, es decir, que se le asigna a cada departamento, dirección o secretaria, de las 29 segmentos que tiene la municipalidad de Alta Gracia, solo 9 están por debajo del índice de aumento, los restantes 20 superan ampliamente la media de la Tarifaria.
Sobre el tema, el concejal Manuel Ortiz, destaca que el aumento de la tasa está “por debajo del índice estimado de inflación”, algo que lógico económicamente debido a que ningún organismo, público o privado trasladó en sus proyecciones el total del índice inflacionario. Solo los gremios más importantes del país, bancarios, petroleros y camioneros, lograron paritarias superadoras del 100%.
En esta asignación del gastos hay oficinas como la Dirección Administrativa que tendrá un aumento de 1253% con respecto al presupuesto del año pasado, es decir, 12 veces más que la asignación del 2022.
En cada presentación de gastos proyectados, se puede vislumbrar cuál va a ser la acción política que cada gobierno le dará a su gestión. La presentación en el Concejo deja claro que se continuará sosteniendo una intención de inversión en obra pública muy fuerte con la partida general para ese rubro alcanzando los $1884600,000.00.
El presupuesto de la ciudad contempla una fuerte inversión en cordón cuneta con fondos nacionales, pero el reclamo de Ricardo Gonzáez, Concejal del bloque Alta Gracia Crece, fue la falta de información al destacar “esta partida se entrega por el gobierno nacional, pero en el presupuesto aparece dividida, pudiendo evitar una licitación pública. Deberían informar en qué barrios son los proyectos, plazos de ejecución, sumando los detalles porque se dividen los fondos”, algo que no está aclarado en ningún apartado.
Dentro de este rubro, se estima un gasto de 10 millones de pesos para adecuar los edificios municipales, sin detallar en que se basara esa adecuación, recordando que desde el 2016 hay una ley Nº 18.281 de Seguridad Eléctrica en la Provincia de Córdoba, que establecía un plazo para que todas las dependencias públicas realicen las modificaciones para amoldar su infraestructura, pero si bien las nuevas construcciones están dentro de esta norma, no abarca a las edificaciones más antiguas. Claro que al no contar con el detalle de las obras proyectadas, solo una mención general es muy difícil establecer los objetivos de ese gasto.
Si bien la complejidad de una tarifaria y presupuesto lleva una gran cantidad de índices y nomencladores de gastos que para la ciudadanía en general presenta complejidad, los actores responsables, tanto oposición como oficialismo, deberían contemplar la idea de profundizar en explicaciones claras y concisas, sin detenerse en discusiones palaciegas, con más chicanas que contenido clarificador.
Quizás sería un gesto de madurez política que estas normas se puedan aprobar por consenso, pero para eso debería perder la hegemonía el pensamiento único y ganar fuerza la construcción comunitaria.
