*Por Eduardo Castillo Paez
Gran conmoción y profundo pesar ha producido en la opinión pública el asesinato de la oficial de Policía Maribel Salazar en una estación de subte en la ciudad de Buenos Aires. Y como no es el primer caso donde un efectivo resulta víctima en ejercicio de sus funciones, la sociedad argentina se está planteando nuevamente la necesidad de que los uniformados puedan utilizar armas no letales, como la pistola Taser por ejemplo, para que en lugares de gran concurrencia de personas (aeropuertos, estaciones de trenes, subtes, centros comerciales, etc.) se pueda dominar y reducir a delincuentes o personas con algún tipo de desequilibrio mental, sin crear un riesgo o peligro común a las personas que también están en el lugar.
Si la oficial Salazar no hubiera tenido su arma reglamentaria, y en cambio hubiese contado con una Taser u otro tipo de arma no letal, este aberrante homicidio no se hubiese producido. Lamentablemente, quienes deciden si se autoriza o no el uso de estas armas no letales, lo hacen desde la comodidad de un escritorio, y generalmente, teñidos por una ideología retrógrada y ya superada en casi todo el mundo.
Al considerar que el homicida de la oficial es un ciudadano extranjero, de nacionalidad paraguaya, resulta necesario también que los argentinos empecemos un profundo debate sobre la inmigración en nuestro país, porque más allá de que nuestra Constitución Nacional le abra las puertas a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, urge establecer un profundo control y restricción sobre quienes ingresan al país, especialmente aquellos que tienen antecedentes penales.
En vez de tantas peleas sin sentido y planificaciones netamente electoralistas, los legisladores deberían ponerse a trabajar en una ley completa y actualizada sobre la inmigración, para que no seamos como hoy un país gelatinoso donde cualquiera entra, se instala, cobra subsidios, le dan documentos, etc. Hasta grupos de mujeres embarazadas están ingresando para dar a luz en nuestro territorio, obtener el documento nacional, y luego, poder radicarse sin mayores requisitos.
Como sucedió con los casos Dupuy y Báez Sosa, la sociedad está exigiendo penas más severas y fundamentalmente, el cumplimiento efectivo de las mismas, porque muchos de los hechos delictivos recientes fueron cometidos por delincuentes de frondosos antecedentes, con libertad condicional, salidas transitorias u otros inexplicables beneficios. Una justicia con puertas giratorias, jueces que no deberían estar en funciones, leyes penales y procesales desactualizadas, y como si todo fuera poco, gobernantes que solo piensan en perpetuarse en sus cargos y no en dar respuestas a las verdaderas necesidades de la gente, hacen que hoy seamos lo que somos, una sociedad que avanza indefectiblemente hacia un panorama cada día peor.
Es indispensable que como sociedad nos dediquemos a estudiar y enfrentar los problemas que aún no hemos resuelto, como la inseguridad urbana, el crimen organizado, el flagelo de la droga, la inimputabilidad y los menores delincuentes, la pobreza y marginalidad, la educación, etc. Si solo nos quedamos en las discusiones mediáticas y no trabajamos con seriedad en todas estas temáticas, difícilmente podamos alcanzar e implementar verdaderos programas y proyectos en materia de seguridad y prevención delictiva.
Frente a un caso como el de la oficial Salazar, que va mucho más allá de la discusión Taser si o Taser no, debemos establecer nuevas pautas en lo que al rol del policía se refiere, dado que dotar a las instituciones policiales de equipamiento tecnológico, vehículos, chalecos antibalas o armamento sirve de muy poco si no hacemos además un especial hincapié en la selección, formación y capacitación permanente de los uniformados.
De igual manera, es imprescindible que definamos el tipo de policía que queremos y su campo de actuación, ya que hoy debido a una justicia que pareciera tener anteojeras, tenemos una policía que está prácticamente atada de manos y que duda en intervenir o no frente a un posible delincuente o hecho delictivo. Y no cabe dudas que con esta verdadera tendencia “antipolicía”, donde todo es catalogado como gatillo fácil o exceso en la actuación, estamos desprotegiendo a la sociedad toda frente a la creciente delincuencia actual.-
(*) Abogado. Criminólogo y Diplomado en Derecho Penal, Ciencias Forenses y Perfilación Criminal