La licitación impulsada por el Gobierno de Córdoba para incorporar drones de alta tecnología al sistema de seguridad provincial quedó envuelta en una fuerte polémica institucional y política, luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba rechazara el expediente y frenara el proceso de adjudicación.
El proyecto, valuado en alrededor de 7 millones de dólares, generó un intenso cruce entre el oficialismo y la oposición: mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de una herramienta clave para fortalecer la prevención del delito, desde sectores opositores denuncian falta de transparencia, pliegos direccionados y posibles sobreprecios.
Un proyecto estratégico para seguridad y emergencias
La iniciativa cuestionada contempla la creación de un Sistema de Vigilancia Aérea No Tripulada (SVANT), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial. El objetivo es incorporar tecnología aérea para tareas de control territorial, prevención del delito, operativos en eventos masivos, seguridad rural y apoyo en situaciones de emergencia.
Según el pliego licitatorio, el sistema prevé la adquisición de:
- 15 drones de alta prestación
- Centros de comando móviles
- Software de análisis y procesamiento de imágenes
- Capacitación del personal
- Integración operativa con fuerzas policiales
Desde el Gobierno provincial remarcan que se trata de un sistema integral y moderno, alineado con estándares utilizados en otras jurisdicciones.
El freno del Tribunal de Cuentas
El conflicto se desató cuando el Tribunal de Cuentas rechazó el expediente de la licitación, impidiendo su avance. Lejos de tratarse de observaciones formales menores, el organismo cuestionó aspectos centrales del proceso.
Entre los puntos más relevantes del dictamen se encuentran:
Pliego técnico cuestionado
El Tribunal sostuvo que las especificaciones técnicas del pliego habrían sido elaboradas de manera tal que limitan la competencia, ya que coincidirían con las características de un proveedor en particular. En ese marco, advirtió que al llamado se presentó un único oferente, situación que, según el organismo, no puede analizarse de manera aislada del diseño del proceso.
Modalidad de contratación
Otro de los ejes del rechazo fue la modalidad de “renglón único”, que agrupa en un solo contrato la provisión de drones, software, capacitación, estaciones móviles y soporte técnico. Para el Tribunal, este esquema reduce la posibilidad de participación de empresas especializadas en distintos rubros y dificulta la comparación de precios.
Costos y tecnología sensible
El dictamen también puso bajo la lupa los valores de algunos ítems, como drones, licencias de software y capacitaciones, al considerar que podrían resultar superiores a precios de mercado. Además, advirtió sobre el uso de tecnologías sensibles —como reconocimiento facial y lectura de patentes— y la necesidad de contar con mayores precisiones sobre el marco legal y la protección de datos personales.
El posicionamiento de la oposición
El rechazo del Tribunal fue respaldado políticamente por sectores de la oposición, en particular por el senador nacional Luis Juez, quien denunció públicamente una licitación “direccionada” y habló de “opacidad” y “caja negra”.
Desde ese espacio sostienen que el proceso no garantizó competencia real, cuestionan el monto total de la contratación y reclaman mayores controles sobre el uso de tecnología aplicada a la seguridad y la gestión de información sensible de la población.
La defensa del Gobierno provincial
Desde el Ejecutivo, en tanto, rechazaron de manera enfática las acusaciones. Funcionarios del Gobierno y del Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Pablo Quinteros, aseguraron que se trató de una licitación pública, con doble sobre y un procedimiento administrativo extenso.
El Gobierno sostiene que:
- La existencia de un solo oferente no invalida el proceso
- El sistema integral busca evitar incompatibilidades técnicas
- El Tribunal de Cuentas excedió su rol, al analizar cuestiones de conveniencia y no solo de legalidad
- Además, remarcaron que la incorporación de drones es una herramienta necesaria para modernizar el sistema de seguridad y responder a nuevas formas de delito.
Un debate que excede la tecnología
El conflicto por la licitación de drones dejó al descubierto un debate más amplio que combina seguridad, control institucional y transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de avanzar con herramientas tecnológicas, la oposición y el Tribunal de Cuentas reclaman mayores garantías en los procesos de contratación.
Por el momento, la licitación permanece frenada y el tema sigue abierto, con posibles derivaciones políticas y judiciales en el corto plazo.