La denuncia por una presunta estafa que volvió a encender las alarmas en Alta Gracia y la región fue uno de los ejes centrales del programa Stream Abierto, coproducido por Mi Valle Medios y Lux.
Para profundizar sobre la causa, dialogamos con el abogado Diego Agüero, quien representa legalmente a tres de los damnificados.
Según explicó el letrado, no se trataría de una maniobra aislada ni improvisada, sino de un esquema que se habría sostenido durante varios meses y que no habría sido ejecutado por una sola persona.
“Estamos frente a un delito de ejecución compleja y continuada en el tiempo. No es un hecho aislado ni una equivocación: hubo organización y planificación previa”, sostuvo Agüero.
De acuerdo a lo informado, ya se contabilizan más de 17 denuncias, con víctimas de distintos estratos sociales y con una importante cuantía económica comprometida.
“Este tipo de estafas no distingue clases sociales. Atraviesa a toda la comunidad y deja consecuencias muy profundas”, remarcó.
Una operatoria que dejó ahorros perdidos y deudas millonarias
La modalidad denunciada consistía en la oferta de compra de dólares a un valor inferior al de mercado, bajo el argumento de operaciones en un supuesto “mercado mayorista”. En muchos casos, las víctimas confiaron y entregaron importantes sumas de dinero.
“Cuando la ganancia es abrupta y casi instantánea, hay que desconfiar. No existen las inversiones mágicas”, advirtió el abogado.
Agüero explicó además que algunas personas no solo perdieron sus ahorros, sino que quedaron endeudadas, luego de ser incentivadas a utilizar tarjetas de crédito para realizar las operaciones.
“Hay damnificados que no se quedaron sin plata: se quedaron con deudas millonarias a futuro. El daño es todavía mayor”, señaló.
Investigación en curso y posibles agravantes
Desde la defensa de las víctimas se aportaron a la Fiscalía datos bancarios, transferencias y registros digitales, que permitirían reconstruir el recorrido del dinero.
“Hoy todo deja huella. Las transferencias, los links de pago, los movimientos bancarios existen y están a disposición de la Justicia”, explicó Agüero.
Asimismo, indicó que se solicitaron medidas como el bloqueo de cuentas y la inhibición de los CUIT/CUIL de las personas denunciadas, lo que impediría realizar cualquier tipo de operación financiera.
En caso de comprobarse que existió una estructura organizada para delinquir, la causa podría agravarse, incluso con pedidos de detención preventiva.
“Si se acredita una organización previa para cometer estos delitos, podríamos estar hablando de una asociación ilícita”, advirtió.
Un llamado a la prevención y a la responsabilidad social
Para cerrar, Agüero dejó un mensaje claro para la comunidad:
“Ante ofertas demasiado tentadoras, la respuesta debe ser una sola: rechazarlas y pedir asesoramiento profesional”.
Y pidió especial cuidado en el abordaje social del caso:
“Más allá del enojo y del dolor, hay que ser prudentes. Hay menores involucrados indirectamente y con los chicos no se jode”.
La causa continúa en investigación y se esperan novedades clave en los próximos días.
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