Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, varios funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores afines al Gobierno accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta 350 mil dólares. La oposición pide investigar si existieron beneficios especiales o conflictos de interés.
Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y legisladores oficialistas quedó en el centro de la escena tras conocerse que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que, en algunos casos, alcanzaron los u$s350.000.
La información surge de los registros de la Central de Deudores del Banco Central y tomó estado público en las últimas horas, generando cuestionamientos sobre las condiciones en que fueron otorgados esos préstamos y sobre un eventual trato diferencial hacia personas políticamente expuestas.
Entre quienes recibieron los montos más altos aparecen Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, ambos con créditos por el tope máximo informado.
Dentro del equipo económico también figuran Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito de u$s276.000; Emiliano Mongilardi, miembro del directorio de YPF, con más de u$s200.000; y Juan Pablo Carreira, vinculado al área de comunicación, con un préstamo cercano a los u$s77.000.
La nómina también incluye a legisladores alineados con el oficialismo. Entre ellos, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, quienes habrían accedido a montos de entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros diputados del mismo espacio figuran con créditos cercanos a los u$s145.000.
Frente a la polémica, desde el Banco Nación aseguraron que todas las operaciones fueron aprobadas «bajo los requisitos habituales, sin excepciones ni beneficios especiales». Según explicaron, la entidad administra cuentas sueldo del Estado y aplicó el mismo sistema de evaluación de ingresos, conocido como scoring, de manera estándar para todos los clientes.
Sin embargo, el caso ya generó una reacción en la oposición. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que se investigue si existieron condiciones preferenciales, conflictos de interés o fallas en los mecanismos de control de la SIGEN en el otorgamiento de créditos a funcionarios y otras personas políticamente expuestas.
La controversia volvió a poner en debate la equidad en el acceso al crédito y el rol de los organismos de control frente a operaciones que involucran a dirigentes con responsabilidades públicas.