Con preocupación por su fuente laboral, trabajadores de Uber y otras plataformas pidieron que se los incluya en la mesa de diálogo y advirtieron que la normativa los deja fuera del sistema.
“Nunca nos hicieron parte”
Conductores de aplicaciones de Anisacate, Valle de Anisacate, Villa del Prado, Santa Ana y Alta Gracia se reunieron esta semana para analizar el impacto de la nueva ordenanza municipal que regula el transporte privado mediante plataformas digitales en la ciudad de Alta Gracia.
Durante el encuentro, coincidieron en un reclamo central: no haber sido convocados al debate previo a la aprobación de la norma.
“Hace cinco meses nos llamaron al Concejo para que contemos cómo trabajamos, pero después nunca más. Nunca nos hicieron parte. Nunca llegó nada a nosotros”, relataron.
Los choferes aseguraron que recién conocieron los detalles de la ordenanza cuando se reunieron con el secretario de Transporte, Maxi Caminada, quien les informó que “no había marcha atrás” porque el texto ya estaba aprobado.
“Nos mostró la ordenanza, nos explicó un poco, pero ya estaba todo hecho. No nos consultaron nada”, dijeron.
Reclamos por los requisitos y el alcance
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la antigüedad máxima de los vehículos, que fija un límite de diez años.
“La mayoría no tenemos autos que cumplan con eso. Nos deja sin trabajo”, explicaron.
Otro punto crítico es la exigencia de residencia en Alta Gracia para poder brindar el servicio, lo que —según los conductores— perjudica directamente a quienes viven en localidades vecinas del Valle.
“Yo soy de Villa del Prado, y mi fuente laboral fuerte está en Alta Gracia porque allá hay pocos viajes. La gente de mi comuna consume todo el tiempo acá, hay que traerla y llevarla”, contó uno de los presentes.
“Nos perjudica que se limite a los que viven solo en Alta Gracia. Hoy todas las localidades están pegadas, somos parte de un mismo circuito.”
“Para muchos es el único ingreso”
Los choferes también rechazaron los dichos de algunos sectores que aseguran que la conducción por aplicaciones es una actividad secundaria.
“Eso es mentira. El 90% de los que hacemos Uber lo hacemos como único ingreso. No tenemos otra fuente de trabajo”, afirmaron.
“Si nos regularizan de esta forma, con tantos impuestos y límites, muchos no vamos a poder seguir. No nos ofrecen otra alternativa, solo nos quitan el trabajo.”
Solicitaron además que se contemple una excepción de al menos tres años para renovar vehículos y adecuarse a las nuevas exigencias.
“Pedimos que se amplíe el radio, que se pueda trabajar también desde Anisacate o Santa Ana. No hay diferencia, todos estamos conectados.”
Seguridad y confianza en el servicio
Los choferes defendieron el funcionamiento de las plataformas y destacaron los mecanismos de seguridad que ofrecen.
“Dicen que es inseguro, pero la aplicación tiene seguros, botón de emergencia, registro del viaje y posibilidad de grabar. El pasajero sabe quién lo lleva, puede compartir el recorrido. No hay empresa de taxis o remises que tenga eso”, remarcaron.
Subrayaron además que los vehículos están asegurados y que los usuarios valoran la confianza y la trazabilidad del servicio.
“Uber tiene un nivel de seguridad que no tienen otros sistemas. Decir que es inseguro es desconocer cómo funciona la aplicación.”
“Solo pedimos diálogo”
El grupo insistió en que su intención no es confrontar sino buscar una mesa de diálogo con el municipio y los concejales.
“No somos delincuentes, somos trabajadores. Pedimos respeto. Que nos escuchen y nos incluyan en las decisiones que afectan nuestro trabajo.”
También pidieron igualdad de trato con los demás sectores del transporte.
“Esta ordenanza se hizo con los taxistas y remiseros, pero no con nosotros. Exigimos que se nos escuche porque somos parte de la movilidad de la ciudad.”
Finalmente, los choferes aseguraron que seguirán reclamando de manera organizada:
“Vamos a insistir para ser escuchados y que nuestros reclamos estén sobre la mesa. Se aprobó una ordenanza sin decirle nada a nadie. Queremos trabajar, no pelear.”
Cabe recordar que además de Alta Gracia, la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y otras están regularizando o camino a hacerlo.
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