Más de 60 familias que compraron terrenos en el barrio El Cerrito o La Portada, en la zona de Tiro Federal de Alta Gracia, denuncian que están siendo hostigadas y amenazadas con el desalojo. La mayoría adquirió los lotes con boleto de cesión de derechos posesorios firmados ante escribano, en transacciones realizadas de buena fe a una heredera directa de los titulares históricos de esas tierras. Algunos incluso tienen viviendas levantadas con créditos Procrear que la Nación aprobó tras verificar la situación dominial.
Los vecinos aseguran que, tras años de vivir en el lugar, comenzaron a recibir cartas documento de parte de un abogado que representa a otro presunto propietario, quien en 2023 habría obtenido un fallo favorable para la adjudicación de 60 lotes. A partir de allí, relatan, empezaron las intimidaciones: desde visitas sorpresivas para tomar fotografías y colocar mojones en terrenos privados hasta amenazas verbales.
“Nosotros no somos ocupas, no somos usurpadores. Compramos con papeles, pagamos impuestos, hicimos pedidos formales de luz y agua al municipio, y en algunos casos hasta nos otorgaron créditos nacionales para construir. ¿Cómo podrían habernos dado un Procrear si no estuviera todo en orden?”, señala uno de los vecinos.
En los últimos tiempos, la tensión creció con la presencia reiterada de la abogada de la otra parte, quien recorre el barrio, según denuncian los vecinos, “sacando fotos, midiendo terrenos e ingresando sin permiso a propiedades privadas”. En algunos casos, incluso acusan que colocaron mojones dentro de sus terrenos alambrados.
“Compramos con el sacrificio de toda una vida, vendiendo vehículos o endeudándonos. Esto no es un negocio inmobiliario, acá somos familias trabajadoras buscando tener una casa propia. Nos vamos a defender, no vamos a permitir que nos corran”, enfatizan.
La versión de la abogada y la denuncia judicial
Por su parte, Vanesa Capcias, la abogada que representa a quien asegura ser el verdadero dueño de los terrenos, denunció amenazas y agresiones en el lugar. Según su testimonio, mientras realizaba tareas de relevamiento en la zona, fue amenazada con un arma de fuego y coaccionada por uno de los denunciados por usurpación.
La letrada sostiene que su cliente tiene la titularidad de los terrenos por una sentencia judicial de 2023, y denunció que los ocupantes derribaron pilares que su representado había instalado para colocar medidores de electricidad. Por este episodio, la fiscalía del 2° Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, investiga amenazas y coacción.
El Colegio de Abogados de Córdoba, a través de su delegación en Alta Gracia, acompaña institucionalmente a Capcias para garantizar el libre ejercicio profesional y pidió que se adopten medidas de protección.
El litigio en la justicia civil
El conflicto principal se tramita en el Juzgado de 1ª Nominación Civil y Comercial de Alta Gracia, bajo la causa de derechos reales donde se ventilan al menos 26 acciones posesorias. Mientras tanto, la situación permanece judicializada, y las familias reclaman que no se avance en acciones sobre sus propiedades hasta que la justicia determine con claridad quién es el legítimo propietario.
“Nadie se nos acercó antes para decirnos que esto tenía problemas. Pasaron años, pagamos impuestos, algunos tienen el terreno a su nombre en Rentas. Si había un dueño, ¿por qué nunca apareció cuando recién empezábamos a construir?”, se preguntan los vecinos.
Por ahora, la incertidumbre reina en El Cerrito. Las familias, que ya levantaron sus viviendas y luchan diariamente contra la falta de servicios, también tienen que defender su derecho a permanecer en los terrenos que compraron de buena fe. Muchos de ellos viviendo desde hace más de cuatro años en el lugar.
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