En el marco de la sesión extraordinaria del 12 de febrero en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada nacional por Córdoba, Carolina Basualdo, fundamentó su voto positivo al proyecto de Régimen Penal Juvenil que impulsa la baja de la edad de imputabilidad.
La legisladora sostuvo que el país enfrenta “desde hace décadas un problema profundo en materia de seguridad” y remarcó que el Estado no puede permanecer indiferente frente a una sociedad que “demanda respuestas concretas”.
Según explicó, las políticas implementadas hasta el momento han resultado insuficientes para abordar de manera integral los delitos cometidos por menores. Sin embargo, aclaró que la incidencia estadística de los delitos cometidos por menores de 16 años es baja en comparación con el total de hechos delictivos. “Eso no reduce la gravedad del problema ni el dolor de las víctimas”, señaló, marcando uno de los ejes centrales de su postura.
Más herramientas para el Estado
Basualdo sostuvo que el proyecto no representa una solución definitiva, sino “una herramienta más para fortalecer la capacidad del Estado de intervenir en situaciones que hoy quedan en un vacío legal o institucional”.
En ese sentido, subrayó que cualquier modificación del régimen penal juvenil debe estar acompañada por equipos técnicos especializados y políticas públicas que aseguren la prevención y la reinserción. “La seguridad no se construye solo con sanciones, sino también generando oportunidades”, afirmó.
Prevención, reinserción y recursos
Durante su intervención, la diputada hizo hincapié en que el régimen penal juvenil debe integrarse a una política robusta que aborde los factores estructurales que inciden en la violencia juvenil: pobreza, desigualdad, deserción escolar, violencia intrafamiliar y falta de redes de contención.
“Estos factores no eximen de responsabilidad, pero deben ser abordados por el Estado para evitar que los hechos delictivos sucedan”, expresó.
Asimismo, remarcó la necesidad de garantizar recursos e infraestructura en todo el territorio nacional para asegurar la reinserción de los jóvenes y el seguimiento de cada caso.
El “modelo Córdoba” como referencia
Basualdo puso como ejemplo la experiencia cordobesa, donde ya se implementaron dispositivos específicos para la contención y tratamiento de menores involucrados en delitos complejos. Destacó la inversión provincial destinada a la creación del denominado Campus Papa Francisco en el Complejo Esperanza, con unidades habitacionales, espacios educativos, deportivos y de capacitación en oficios.
Para la legisladora, el desafío no pasa únicamente por la sanción penal, sino por la construcción de un esquema que combine responsabilidad, contención y oportunidades reales de cambio.
El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad continúa generando posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso. En ese escenario, Basualdo dejó en claro que su acompañamiento al proyecto responde a la convicción de que el Estado debe actuar “a tiempo”, interviniendo antes de que las trayectorias delictivas se consoliden.