En una localidad que creció en los últimos años y cuya estructura parece haber quedado chica frente a nuevas demandas, la seguridad volvió a instalarse en el centro del debate público. La concejal por la minoría en Bouwer, Paola Barrosa, referente de Hacemos por Córdoba, sostiene que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre falencias estructurales y decisiones políticas que, a su entender, dejaron a los vecinos en una situación de vulnerabilidad.
En esta entrevista, repasa el proyecto integral que presentó en 2024, cuestiona el rechazo de móviles gestionados ante la Provincia, advierte sobre el mal funcionamiento de las cámaras y plantea la necesidad de una mesa de trabajo real, con estadísticas claras y planificación concreta.
—Paola, usted sostiene que en 2024 presentó un proyecto integral de Seguridad Ciudadana que fue “encajonado”. ¿En qué consistía concretamente esa iniciativa?
—En octubre de 2024 presenté un proyecto integral pensado para dar una respuesta real a los vecinos que se sentían solos ante la ola de robos. Y cuando hablo de Bouwer, hablo de todo el ejido: el pueblo, 60 Cuadras, Ruta 36, Camino San Antonio y Camino San Carlos. No es un sector aislado, es una problemática que atraviesa a toda la comunidad.
El proyecto proponía la creación de una guardia local de prevención con capacitación certificada, lo que además generaba trabajo y movimiento económico en la localidad. Incluía un centro de monitoreo activo las 24 horas, recuperación y mantenimiento obligatorio de cámaras, protocolos de actuación con antedenuncias, una mesa de coordinación entre municipio, Policía y vecinos, y un plan de iluminación estratégica en zonas críticas.
—¿Qué presupuesto requería y qué plazos proponía?
—No era un proyecto desmedido. Estaba pensado por etapas, priorizando lo urgente: patrullaje y monitoreo activo. El financiamiento podía articularse con programas provinciales. La respuesta que recibimos fue que “no había que reprimir” y que no era prioridad. Pero prevenir no es reprimir: es cuidar.
—¿Volverá a presentarlo?
—Sí. Lo voy a defender todas las veces que sea necesario. Bouwer merece vivir tranquilo.
—Usted afirmó que en 2023 gestionó móviles policiales junto al legislador Facundo Torres. ¿Qué ocurrió?
—Fue un trabajo serio y con diálogo institucional. Gestionamos móviles policiales y de seguridad ciudadana como herramienta de prevención. Sin embargo, el entonces intendente decidió no avanzar. Nos dijo que no los necesitaba y que estaba cansado de pagar la nafta de los policías.
—¿Qué consecuencias tuvo ese rechazo?
—Hoy faltan móviles y patrullaje. Esa oportunidad se perdió y los vecinos fueron los perjudicados. No fue una gestión improvisada: hubo documentación y ofrecimiento formal. Para mí fue una decisión política que terminó afectando a la comunidad.
—También cuestionó el funcionamiento de las cámaras instaladas en 2023.
—Generaron expectativas, incluso en mí. Pero actualmente muchas no funcionan por falta de mantenimiento. Y cuando funcionaban, no había monitoreo 24-7. Si sufrías un robo un sábado, tenías que esperar al lunes porque el municipio estaba cerrado.
—¿Existe hoy un sistema centralizado de monitoreo?
—No como debería. Lo más grave es que en varios casos se identificó a los responsables gracias a cámaras privadas de vecinos. Eso demuestra compromiso comunitario, pero también una falla estructural municipal. El centro de monitoreo debe ser permanente, con personal capacitado y protocolos inmediatos.
—Mencionó, además, la conformación de un asentamiento en la zona de las vías, conocido como “Villa del Cairo”.
—Es una realidad que viene creciendo y no puede abordarse solo desde la mirada de la seguridad. Es un problema social, habitacional y sanitario. Cuando el municipio no interviene de manera planificada, se generan tensiones e incertidumbre.
—¿Hay riesgos?
—Para quienes viven allí y para los vecinos del sector. No se trata de estigmatizar, sino de asumir responsabilidades institucionales: relevamiento serio, articulación con Provincia, trabajo en desarrollo social y hábitat. El Estado no puede llegar tarde o no llegar.
—El Ejecutivo publicó medidas ante la inseguridad en 2024 y volvió a hacerlo este año. ¿Qué cambió?
—En la práctica, poco. Se repiten mensajes, pero no hay planificación sostenida. Falta gestión y prioridades claras.
—¿Responsabilidad local o provincial?
—La Provincia está dispuesta a dialogar. Si como vecina pude gestionar móviles ante un legislador, el Ejecutivo también podría hacerlo. No se trata de banderas partidarias, se trata de levantar el teléfono y gestionar.
Barrosa cuestiona además la administración de recursos: “Se habla de falta de presupuesto, pero hay partidas millonarias asignadas que no se ejecutan. No es solo falta de recursos, es cómo se priorizan”.
—¿Está dispuesta a trabajar en conjunto?
—Absolutamente. Siempre que haya estadísticas claras, planificación concreta y seguimiento. No busco confrontar, busco soluciones.
—Si tuviera que priorizar tres medidas urgentes, ¿cuáles serían?
—Primero, centro de monitoreo 24-7 con cámaras funcionando de verdad. Segundo, móviles y patrullaje preventivo coordinado. Y tercero, una guardia local capacitada y articulada con la Policía.
La concejal también plantea evaluar el fortalecimiento del destacamento policial ante el crecimiento poblacional: “La realidad de Bouwer no es la de hace diez años”.
Barrosa cierra con una definición política y personal: “No hablo desde el enojo, sino desde la esperanza. Creo que la política es una herramienta de transformación. Como concejal tengo la responsabilidad de controlar y proponer; como vecina, escucho y vivo lo mismo que los demás; y como madre, no puedo mirar para otro lado cuando hablamos de seguridad y salud”.
“La inseguridad no se resuelve con mensajes reciclados —concluye—. Se resuelve con decisión, planificación y transparencia. Voy a insistir hasta que Bouwer tenga la tranquilidad que merece”.