El ajuste en diversas áreas que se dio desde la asunción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre pasado se siente en todos los sectores. La discapacidad no estuvo excenta de los recortes y los profesionales e instituciones que trabajan atendiendo a las personas discapacitadas realizarán el miércoles 20 de noviembre de una marcha de carácter nacional.
En Córdoba la sede de la movilización y el acto será en el Apross que está ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 758, o sea en la Cañada, a partir de las 9.30. Por Nexo FM pasó Marcos Obregón, del Centro de Día Sierras Chicas que es uno de los referentes de la protesta en la zona.
“Desde el Foro Permanente de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad, que es de alcance nacional, se ha propuesto este acto nacional, un acto federal que se va a dar en principio en Olivos, rodeando la Quinta de Olivos, y se replica en cuatro provincias, de las cuales Córdoba es una de ellas“, empezó a explicar Obregón.
En una autodeclarada situación “desesperante” el área busca visibilizar sus demandas: “necesitamos más que nunca, poner realmente en agenda al sector de discapacidad y trabajar para sacarlo del estado crítico de emergencia en el que se encuentra”, indicaron en un comunicado.
Las principales demandas de la protesta son:
- La eliminación del Decreto 843/24 considerado como un “retroceso” en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad.
- Un aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
- Aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte.
- Una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.
- El cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.
- La recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos que no registrarían aumentos desde febrero de 2023.
- Una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad
Pensiones no contributivas y aranceles
Sobre el primer punto Adrián Martínez, integrante de la Federación Converger de Córdoba que forma parte del Foro Federal, explicó que las consecuencias de la aplicación del decreto 843/24 implican que muchas personas pierdan su pensión, un recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención.
“En medio de un proceso de auditorías que se estan realizando y con las cuales estamos de acuerdo, se cambiaron los requisitos para el acceso y la permanencia en una pensión y se tomaron criterios que reducen la situación a la invalidez laboral, cuando esto se había ampliado a situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo.
Además expresó la sorpresa del sector ante la presentación del presupuesto 2025, en el que se plantea una quita de 177.740 pensiones para el próximo año.
“Si estamos en un proceso de auditoría, ¿cómo es que ya se sabe lo que se va a quitar? Esto va en contra de lo que se viene sosteniendo desde el sector que es el pedido de aumento de recursos para las pensiones no contributivas y la idea de una asignación universal por discapacidad para corrernos ya de la situación de invalidez”, indicó.
Respecto de los aranceles Martínez detalló que existen dos problemas, uno a nivel nacional y otro a nivel local. En cuanto a los aranceles nacionales señaló que existe un deterioro histórico que al asumir la nueva gestión no fue atendida y ende se profundizó durante el último año.
Según describen, esos aranceles nacionales cubren del 50% al 60% de los costos operativos, lo que pone en riesgo la subsistencia de profesionales, transportistas e instituciones que asisten y atienden a las personas con discapacidad.
“En Córdoba la situación es aún peor por la grave situación que atravesamos con Apross. Pese a existir la Ley 8.811, que planteó hace 25 años la adecuación del sistema provincial al sistema nacional de atención de personas con discapacidad, los aranceles de Apross cubren apenas entre el 60% y 70% de los ya críticos aranceles nacionales”, precisó.
Y cerró: “esto se transformó en algo crítico y de gravedad absoluta porque el problema ya no es que no alcanza, es que no se van a poder sostener ninguno de nuestros servicios, al menos no desde un paradigma de calidad en la atención”.
Con datos de La Voz del Interior