Hay escenas que dicen más por lo que falta que por lo que muestran. Lo ocurrido en la interna del PRO en el departamento Santa María entra en esa categoría: un proceso que cumplió con la forma, pero que dejó demasiadas dudas sobre el fondo.
El dato que se intentó instalar como respaldo es, en realidad, el punto de partida del problema: 378 afiliados votaron. En un departamento que supera los 110.000 habitantes, eso equivale a apenas un 0,34% de la población. Un número que, aun considerando que se trata de una elección partidaria, revela una participación mínima y difícil de traducir en volumen político real.
Pero el número no alcanza para explicar lo que pasó. El contexto es determinante. No hubo competencia. La lista opositora decidió bajarse horas antes de la elección, denunciando irregularidades y advirtiendo sobre una posible judicialización del proceso. No fue una derrota electoral: fue una decisión política de no convalidar las condiciones en las que se desarrollaban los comicios.
Sin embargo, la elección siguió adelante. Se abrieron mesas, se dispusieron urnas y se proclamaron autoridades. El procedimiento se completó. Pero una elección sin disputa pierde su esencia: deja de ser una instancia de validación y se convierte en una formalidad.
A ese cuadro se le suma un elemento político que complejiza aún más la lectura. La lista que decidió avanzar —y que termina proclamando autoridades— concentra buena parte de sus referentes con mayor peso territorial y político alineados, en los hechos, con La Libertad Avanza, trabajando en otro esquema, con otra agenda y otros objetivos. Es decir, no se trata solo de una interna sin competencia: también se trata de un espacio que, puertas adentro, aparece tensionado por identidades políticas cruzadas.
Esto abre una pregunta de fondo que excede la coyuntura: ¿qué se está eligiendo realmente? ¿Una conducción partidaria propia o una estructura que ya opera con otra referencia política? Porque si los liderazgos más influyentes tienen hoy su eje en otro espacio, la elección interna pierde aún más densidad como instancia de definición real.
El comunicado difundido posteriormente busca instalar una narrativa de normalidad institucional. Habla de participación, compromiso y continuidad. Pero omite aspectos centrales: la ausencia de competencia real, las denuncias previas, el contexto de judicialización y este corrimiento político de quienes, al mismo tiempo, sostienen la estructura partidaria.
A eso se suma un dato no menor. El traspaso de conducción se presenta como un hecho consolidado, aun cuando el propio proceso venía atravesado por cuestionamientos que alcanzaban a quienes lo protagonizan. Es decir, se intenta construir certeza sobre una base que, como mínimo, está discutida.
En ese escenario, la proclamación de nuevas autoridades tiene más de gesto que de consolidación. Hay estructura, hay acto, hay formalidad. Pero falta lo esencial: legitimidad política construida en la competencia y coherencia en la identidad del espacio.
Lo ocurrido en Santa María no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en un proceso más amplio dentro del PRO Córdoba, atravesado por tensiones internas, disputas de liderazgo, judicialización y, cada vez más, por un fenómeno de corrimiento hacia otras referencias políticas que diluyen su propia identidad.
Por eso, más allá de la validez formal del proceso, la pregunta que queda es otra, más incómoda y más profunda: ¿qué tipo de poder se construye cuando no hay con quién competir… y cuando quienes ganan miran hacia otro lado?