Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, fiscales de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, le solicitaron al juez Alejandro Sánchez Freytes que ordene una medida de no innovar respecto a la venta del inmueble conocido como La Perla Chica.
Carlos Gonella (fiscal General) junto a Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo (auxiliares fiscales de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en argentina jurisdicción Córdoba) en representación de Huber, Emilio Juan y otros por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada, violación agravada,abuso sexual art 119, y lesiones graves en perjuicio de Álvarez Augusto Ramón y otros, le solicitan al juez Alejandro Sánchez Freytes que “ordene con carácter de urgente una medida de no innovar en relación al sitio en el que funcionara un centro clandestino de detención conocido como “Perla chica” o “Malagueño”.
El escrito destaca que “es necesario preservar” el sitio en cuestión puesto a la venta mediante el decreto Decreto 950/2024 porque “a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados” con el espacio.
La resolución publicada a través del Boletín Oficial anunció que el Poder Ejecutivo Nacional había autorizado a la Agencia de administración de bienes del estado “a disponer, enajenar y/o transferir inmuebles del Estado nacional” entre los que se encuentran varios inmuebles ubicados en la localidad de Malagueño. Precisamente, en este lugar, funcionó un centro clandestino de detención y existen hipótesis fiscales vinculadas a víctimas que habrían estado alojadas en las instalaciones de lo que conoce como “Perla chica” y/o “Malagueño”.
En esa línea, manifiestan que “dichas instalaciones militares devenidas en Centro clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar” a las que se refieren en los requerimientos de instrucción solicitan que el Juez “ordene con carácter de urgente´” una medida de no innovar en relación al sitio nominado.
Agrega el texto que “es necesario preservar dicho sitio pues a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación” que están directamente relacionados con el lugar.
Asimismo, destacan que hace un año -el 4 de noviembre de 2023-, la Secretaria de derechos Humanos de la Nación del Ministerio de Justicia de la Nación, señalizó como sitio de memoria a La Perla Chica, junto con el gobierno de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de Malagueño y el Archivo y la Comisión provincial de la Memoria.
Tal medida -afirman los fiscales- implica que el lugar “goza de la protección que brinda la ley 26.691” por lo tanto “se debe garantizar la preservación de los mismos a fines de facilitar las investigaciones judiciales y la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de estado en nuestro país”.
Fuerte rechazo del movimiento de derechos humanos
En el ámbito nacional y local el movimiento de derechos humanos rechazó tal medida. Días atrás la Red Nacional de H.I.J.O.S. manifestó su posición a través de las redes sociales. Bajo el título “No se puede vender la memoria”, expresa su “enérgico rechazo a la puesta en venta del predio del ex centro clandestino de detención y torturas La Perla Chica”, que formó parte “del circuito represivo de Terrorismo de Estado en Córdoba” que desde hace varios años ha sido señalizado. “Rechazamos profundamente esta acción del gobierno nacional de Milei y Villarruel, que nuevamente niega y banaliza al Terrorismo de Estado y sus crímenes”.
Por su parte la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba expresó ayer en un comunicado “su firme rechazo” a la venta del edificio “por tratarse de un espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar en Argentina”. En otro tramo instan al gobierno nacional “a respetar el marco legal y a reconocer el rol fundamental del Estado en la preservación de la memoria histórica. La provincia de Córdoba, a través de la Ley de la Memoria, y el Municipio de Malagueño, dentro de cuya jurisdicción se encuentra el predio, tienen la responsabilidad de velar por la protección de este espacio”.
Fuente: Prensared