En el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, contra miembros del Tribunal de Cuentas de Córdoba, la Justicia avanzó este miércoles con una medida clave vinculada a la polémica compra de drones que generó un fuerte impacto en el ámbito político provincial.
Según informó la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 7, se dispuso requerir formalmente a las autoridades del Tribunal de Cuentas copias del Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025, documentación considerada relevante para el avance de la causa. Sin embargo, “el organismo se negó a entregar el material solicitado”.
La diligencia fue encomendada a personal de la Policía de la Provincia, afectado a la Unidad Judicial de Delitos Económicos, quienes se hicieron presentes en la sede del Tribunal de Cuentas para cumplir con la orden judicial.
De acuerdo a lo informado oficialmente, las autoridades del organismo se negaron a hacer entrega de las copias requeridas, por lo que “el personal policial debió retirarse del lugar sin poder concretar la comisión ordenada por la Fiscalía”.
La investigación continúa en curso y el episodio suma un nuevo capítulo de tensión institucional en una causa que ya ha generado un intenso debate político y público en la provincia.