Casi a diario los medios de comunicación y las redes sociales nos informan sobre distintos hechos delictivos que se han producido a lo largo y ancho del país, los que con mayor o menor nivel de violencia están afectando cada día más la tranquilidad y paz social de los ciudadanos. Las marchas o reclamos de los vecinos exigiendo mayor seguridad se producen permanentemente en muchas ciudades del país, con carteles y a viva voz se pide por mayor presencia policial, mayor efectividad judicial y hasta modificaciones en la legislación procesal y penal, pero las respuestas parecieran no producirse al menos con la celeridad requerida.
Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de defender y de ser protegidos en nuestra vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. La Constitución Nacional, los pactos internacionales y la Constitución de nuestra provincia, imponen a las autoridades el objetivo de constituir el mejor gobierno para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer a la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo.
Según información brindada por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Poder Judicial de Córdoba, en un relevamiento realizado en 2022, siete de cada diez cordobeses perciben “con profunda preocupación” lo referido a la comercialización y consumo de drogas, expresando casi en la misma proporción que “se le teme más a la inseguridad que a cualquier otro asunto social”.
Como lo hemos dicho reiteradamente en nuestros anteriores artículos, no se puede condenar a la sociedad a sucumbir ante la delincuencia, a encerrarse en sus casas y negocios tras rejas en ventanas y puertas, con alarmas, cámaras y con custodias privadas, mientras los delincuentes circulan libremente por las calles buscando a quién robar.
Es indiscutible que no existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad, pero también es innegable que al existir diversas situaciones y circunstancias que la “acrecientan o reducen”, la seguridad se debe construir en el marco de un proceso integral de diseño, evaluación e implementación de políticas públicas concretas y efectivas para alcanzar esa tranquilidad social que la ciudadanía exige.
La política criminal no es de los penalistas, los jueces o los policías, es de toda la comunidad y fundamentalmente los que dirigen el Estado tienen que reparar lo que está pasando en el espíritu social para ir proyectando las soluciones.
Queda claro que es importante dotar a la policía de mayor equipamiento tecnológico, armamento, mejores vehículos, etc. incrementando también en forma permanente el número de hombres que integran sus filas, pero dichos esfuerzos no alcanzan si no asumimos que la delincuencia, la violencia y la inseguridad no son un problema meramente policial, ya que tienen un componente social, estructural y político. Si las políticas de prevención que se implementan no parten principalmente desde esos tres componentes, es poco y nada lo que vamos a lograr.
La pobreza, la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la falta de oportunidades, el alcohol y la drogadicción, entre otros tantos factores, tienen una vinculación directa con el delito y por lo tanto deben ser considerados a la hora de elaborar programas sociales de prevención delictiva.
Como lo especifica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la seguridad ciudadana debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social”.
Nadie puede solucionar sus problemas si no empieza asumiéndolos. La negación, el desconocimiento y la mentira nunca conducen a resultados positivos, y menos si nacen de quienes son responsables de buscar con eficiencia y prontitud respuestas concretas para enfrentar un flagelo nacional como la inseguridad, una preocupación que es de todos.-
Eduardo Castillo Páez
Abogado. Criminólogo y Diplomado en Derecho Penal, Ciencias Forenses y Perfilación Criminal