Jubilados, pensionados y retirados de la Provincia de Córdoba que desde hace tiempo vienen pidiendo cambios en el régimen local, hicieron pública una fuerte denuncia contra el accionar del oficialismo provincial, al asegurar que su Iniciativa Popular fue utilizada de manera irregular para imponer una ley “ajena a la voluntad ciudadana”. El proyecto, presentado formalmente el pasado 10 de diciembre, buscaba defender derechos previsionales y contó con el respaldo de más de 38.700 firmas.
En apenas seis días, la iniciativa ingresó para su tratamiento en las comisiones de Legislación General, Salud y Trabajo y Previsión. “Sin haber sido invitados, los representantes del sector asistieron a la comisión y expusieron con claridad y respeto los fundamentos de su propuesta. Durante esa instancia, aseguran, ningún legislador informó sobre la existencia de un proyecto alternativo impulsado por el Ejecutivo” expresaron.
La situación, dicen, se tornó aún más grave al día siguiente, cuando, tras cuatro horas de espera “se presentó sorpresivamente otro proyecto de ley, completamente distinto al de la Iniciativa Popular” agregaron. Según denunciaron, “esta nueva propuesta utilizó el mismo número de expediente, pese a haber sido redactada previamente, desplazando de hecho el proyecto ciudadano”.
Desde el sector previsional desmintieron declaraciones de legisladores oficiales. Afirmaron que “es falso que las jubiladas presentes hayan estado de acuerdo con la nueva ley, como expresó el legislador Siciliano, ya que nunca fueron notificadas ni consultadas”. También rechazaron las afirmaciones del legislador Torres Lima “sobre la garantía del 82% móvil, señalando que dicho beneficio no figura en el texto aprobado”.
Asimismo, negaron que la Caja de Jubilaciones se encuentre en emergencia, remarcando que “no se permitió debatir alternativas para su regularización ni se modificó un solo artículo de los cinco proyectos de ley originalmente presentados por el sector”.
Los jubilados calificaron el accionar del gobierno como un “caballo de Troya legislativo”, denunciando “falta de diálogo, transparencia y respeto por la voluntad popular”. Aseguran que se les impuso un “bozal legislativo” y que sus reclamos fueron deliberadamente ignorados.
Finalmente, recordaron que las firmas recolectadas tienen validez por 12 meses y anunciaron que volverán a presentar la Iniciativa Popular en 2026, exigiendo además la derogación de la ley aprobada. “No pertenecemos a ningún partido, pero denunciamos la falta de independencia de poderes y el accionar autoritario del oficialismo. No nos van a callar”, expresaron.