Jubilación vs. Canasta Básica: a los jubilados les falta el 30% de ingresos para cubrir gastos esenciales

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó su informe actualizado sobre la Canasta de Gastos de las Personas Mayores, correspondiente a octubre de 2025, y los datos resultan alarmantes: un adulto mayor necesita $586.086 por mes para cubrir sus necesidades básicas, mientras que la jubilación mínima nacional —incluyendo el bono de $70.000 de Anses— llega a $396.298, lo que representa una cobertura de apenas el 67,6%.

La situación fue analizada en profundidad por Franco Julián, economista a cargo del Área de Estadísticas de la Defensoría, en diálogo con Stream Abierto, coproducción de Mi Valle Medios y Lux Producciones, donde insistió en que la brecha entre ingresos y gastos “se agrava mes a mes”.

Un déficit estructural que se profundiza

El informe confirma que, en el último semestre (abril–octubre 2025):

  • La jubilación mínima aumentó 11,4%
  • La canasta de gastos de los adultos mayores aumentó 13,3%

La diferencia es clara: el poder de compra cae.

Hoy nos falta un 30% de ingresos para que un jubilado pueda cubrir esa canasta mínima. Y eso sin contemplar alquiler. Si tuvieran que pagar un alquiler con $396.298, directamente sería una situación de indigencia”, explicó Julián durante la entrevista.

Los medicamentos consumen más del 36% del presupuesto mensual

Los rubros que más peso tienen dentro de la canasta son:

  • Medicamentos: $211.380 (36,1%)
  • Alimentación: $127.406
  • Servicios públicos: $82.900
  • Limpieza y aseo personal: $48.500
  • Transporte: $44.000
  • Vestimenta: $44.500
  • Recreación: $27.400

Según la Defensoría, el valor de los medicamentos sería aún mayor si no existiera la cobertura del PAMI al 50%. Sin ese descuento, el monto se duplicaría.

“Tenemos casos de personas que comen una vez al día o que dejan de tomar los remedios por falta de dinero. Es una realidad que vemos todos los días”, agregó Julián.

El costo de la vida para un adulto mayor en Córdoba

La institución recordó que el cálculo de la canasta no incluye alquiler, y tampoco contempla gastos extraordinarios por enfermedades crónicas, terapias o estudios médicos, que se vuelven más frecuentes con la edad.

“Esta es una canasta mínima; la vida real puede ser mucho más costosa”, remarcaron en el informe.

Brecha digital y trámites: otra barrera para acceder a derechos

Otro punto crítico señalado por la Defensoría es la brecha digital, que dificulta la renovación de certificados, subsidios o la gestión de medicamentos.

“A los adultos mayores se les exige hacer trámites digitales para acceder a paliativos estatales, pero en muchos casos no cuentan con herramientas ni conocimientos. Desde la Defensoría acompañamos todos los días, pero es un escollo enorme”, afirmó Julián.

Recordó que durante la pandemia debieron inscribir a más de 100.000 personas en el CIDI para acceder a la vacunación.

Vulnerabilidad creciente: la mitad no llega a fin de mes

Una encuesta realizada por la Defensoría en agosto de 2025 muestra:

  • 50% de los adultos mayores no llega a fin de mes
  • 39% llega con lo justo
  • 20% necesita ayuda económica de familiares
  • 91% tuvo que reducir consumos
    • El principal recorte fue en alimentos (44%)
  • 48% cree que su situación empeorará en 2025

Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto, reforzó la gravedad: “La situación de las personas mayores es cada vez más crítica; muchos necesitan la ayuda de sus hijos para poder llegar a fin de mes”.

Un presupuesto que preocupa

Franco Julián también analizó el escenario futuro y advirtió sobre el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé una actualización del 15% para las jubilaciones nacionales: “Las consultoras privadas proyectan una inflación del 20%. Eso implica una pérdida real de 5 puntos. No hay señales de mejora en el poder adquisitivo de los adultos mayores”.

Un llamado de atención con números concretos

La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de actualizar el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, y reclama políticas públicas que prioricen a un sector cada vez más vulnerable.

Los datos son contundentes:
350.000 jubilados cordobeses cobran la mínima y enfrentan una canasta que supera los $586.000 mensuales. La brecha no deja de crecer.

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