El conflicto judicial protagonizado por un vecino de Alta Gracia, identificado como Emanuel, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo luego de que el abogado designado por el Juzgado para intervenir en la causa saliera a dar su versión de los hechos, en respuesta a la publicación realizada por el hombre en redes sociales.
Cabe recordar que Emanuel había denunciado públicamente “presuntas irregularidades en el accionar del letrado asignado”, asegurando que “se le habrían exigido alimentos a cambio de una copia del acuerdo judicial vinculado a la causa de familia que mantiene con la madre de su hijo”, además de interpretar como “una amenaza un mensaje en el que se le advertía sobre posibles consecuencias legales si volvía a encadenarse como forma de protesta”.
Ante la repercusión del caso, el abogado Mariano Borda brindó su testimonio a Mi Valle Medios y negó haber cometido irregularidades. En su descargo, explicó que “no actúa como abogado particular, sino como abogado “ad hoc” (A2), una figura prevista para asistir gratuitamente a personas que no cuentan con recursos económicos cuando la Defensoría Pública se encuentra saturada”.
Según detalló, su intervención se limitó a la causa de familia, en la cual afirmó “no haber cobrado honorarios”. Indicó que el acuerdo presentado entre las partes (Emanuel y la mamá de su hijo) no avanzó judicialmente debido a que “Emanuel no abonó los aportes judiciales requeridos por el tribunal”, condición necesaria para su homologación, lo que habría frenado el proceso.
Respecto al episodio de los alimentos, el abogado aclaró que “estos no estuvieron vinculados a la causa de familia, sino a una consulta por un proceso de desalojo iniciado contra Emanuel tiempo después”. En ese marco, sostuvo que “informó previamente el costo de la consulta y que fue el propio Emanuel quien ofreció abonar parte de los honorarios con pastas, quedando incluso una deuda pendiente”. Aseguró que “la entrega de la copia del acuerdo no estuvo condicionada a ese pago y que, de hecho, siempre facilitó la documentación a su cliente”.
En relación a los mensajes que Emanuel interpretó como amenazas, el letrado afirmó que “su intención fue advertirle sobre las posibles consecuencias legales de reiterar conductas como encadenarse en la vía pública, remarcando que podría derivar en intervenciones policiales por disturbios o intimidaciones, y no en una amenaza personal”.
Finalmente, el abogado señaló que, “desde su perspectiva profesional, la situación judicial de Emanuel presenta dificultades objetivas y que muchas de sus demandas no contarían con respaldo suficiente ante la Justicia, lo que —según expresó— habría derivado en reacciones públicas y protestas”. También confirmó que actualmente ya no representa al denunciante, dado que este manifestó haber recurrido a otro asesor legal.
El caso continúa generando debate y vuelve a poner en foco la delicada relación entre los reclamos públicos, el acceso a la Justicia y los procesos judiciales de familia, donde el eje central sigue siendo la protección de los derechos del niño involucrado.
Cabe recordar que Emanuel es la misma persona que se encadenó dos veces en el centro de Alta Gracia reclamando la tenencia de su hijo.
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