El abogado y docente Eduardo Pintore detalla todo el proceso que llevó años y que finalmente arrojó transparencia a un proceso que debiera haberlo tenido desde el principio. Todos los detalles.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió declarar la nulidad del concurso docente realizado en 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), destinado a cubrir un cargo de Profesor Adjunto en la cátedra de Derecho Internacional Público.
El fallo, dictado en la causa “Pintore, Eduardo José c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ Recurso Directo – Ley de Educación Superior 24.521”, fue impulsado por el abogado Eduardo Pintore, uno de los participantes del proceso, quien, además de ser docente en esta Casa de Estudios, desde hace años denuncia graves irregularidades en los mecanismos de selección docente en la Facultad de Derecho.
“La semana pasada la Cámara dictó la nulidad del concurso de Adjuntos. En la Justicia Federal conseguimos una decisión ajustada a derecho, lo que no ocurrió en ninguna de las instancias dentro de la Facultad ni en la UNC”, expresó Pintore en diálogo con Mi Valle.
Dos concursos, un mismo tribunal y fallos repetidos
El abogado recordó que en aquel 2017 el tribunal interviniente llevó adelante dos concursos consecutivos:
- primero para cubrir un cargo de Profesor Adjunto,
- y luego, al día siguiente, para dos cargos de Profesores Titulares en la misma cátedra.
“En el concurso de Adjuntos yo quedé cuarto en el orden de mérito, detrás de Sticca, Sommer y Benítez. En el de Titulares volví a concursar y salí quinto. Ese segundo concurso fue impugnado por el Dr. Touriño y ya tiene sentencia firme de nulidad total por el proceder arbitrario del tribunal al valorar antecedentes”, explicó.
Ese antecedente resultó decisivo: “Se trata del mismo tribunal que actuó en ambos procesos y de la misma forma. Por eso sostuve siempre que el concurso de Adjuntos debía ser anulado en su totalidad”, insistió Pintore.
Certificados falsos y procesamiento penal
Uno de los ejes centrales de la causa fueron los antecedentes presentados por el abogado Benítez, quien ocupó el tercer lugar en el concurso de Adjuntos.
“En la etapa probatoria quedó constatada la existencia de certificados falsos firmados por el entonces titular de la cátedra, el Dr. Pagliari. Esas irregularidades fueron corroboradas por la prueba producida”, relató Pintore.
Las consecuencias fueron graves: “Por estas irregularidades tanto Benítez como Pagliari recibieron una orden de procesamiento de la Cámara Federal de Córdoba, actualmente apelada”, recordó.
La respuesta de la UNC: nulidad parcial
A pesar de estas pruebas, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho dictó una nulidad parcial.
“Dejaron firmes los puestos uno y dos —Sticca y Sommer— y declararon nulo el orden de mérito desde Benítez hacia abajo, es decir, quienes concursamos de buena fe”, denunció Pintore.
Luego, el caso llegó al Consejo Superior de la UNC, máximo órgano de la universidad. Allí, Pintore tuvo la oportunidad de exponer: “Ante todos los consiliarios, que incluyen a los decanos de todas las facultades, informé sobre la denuncia penal contra Benítez y Pagliari. Sin embargo, el Consejo Superior no quiso ver ninguna irregularidad y confirmó la decisión del Consejo Directivo”.
En este punto, el abogado recordó además otro reclamo clave: “A mediados de 2022 solicitamos a la Facultad de Derecho informes sobre los concursos docentes realizados desde el año 2000 hasta el 2022 y sobre los cargos que ocupaban quienes participaron de dichos concursos, en especial quienes resultaron en los mejores puestos en el orden de mérito. La sospecha era clara: los funcionarios del yanzismo salían desproporcionadamente favorecidos en los concursos docentes”, explicó.
El pedido nunca prosperó. “La Facultad rechazó esa solicitud y nunca se realizaron esos informes. ¿Había que ocultar algo? ¿Dónde quedó la transparencia en el ejercicio de la función pública?”, se preguntó.
El trasfondo político: el yanzismo y los concursos
Para Pintore, los fallos judiciales demuestran una trama política más amplia: “De no haber existido nuestras impugnaciones, las tres cátedras de Derecho Internacional Público habrían quedado en manos de funcionarios de la agrupación yanzista, que gobierna la Facultad desde hace más de 28 años y forma parte de la coalición de gobierno de la UNC”, aseguró.
El letrado puntualizó:
- “La Dra. Alejandra Sticca era Coordinadora Académica del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, luego directora, todo bajo la gestión yanzista”.
- “El Dr. Christian Sommer era consejero docente al momento del concurso, también por el yanzismo”.
- “Benítez, desde 2010 hasta 2018, fue Coordinador del Departamento de Derecho Público en la gestión del entonces decano Pedro Yanzi Ferreira”.
Incluso, pese a no haber ganado el concurso, “Benítez fue nombrado junto a Diego García Montaño por designación directa en cargos de Profesor Adjunto. Es decir, fueron promovidos por fuera del mecanismo legal”.
Costos y dilaciones
Respecto al futuro, Pintore se mostró convencido: “La UNC apelará este fallo para ganar tiempo, aunque no tenga ninguna expectativa de éxito. Cuantas más apelaciones presenten, más costoso será para la universidad en concepto de costas judiciales. Pero a quienes deciden no les importa, porque no pagan de su bolsillo: es la UNC la que pierde dinero y credibilidad”.
El abogado también recordó su pedido de investigación administrativa contra la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad: “Denuncié actuaciones deficientes que llevaron a condenas reiteradas contra la UNC en la Justicia Federal. Pedí información sobre cuántos casos ganó y perdió la universidad, pero ese procedimiento nunca prosperó”.
“Una lucha en defensa de la Universidad Pública”
Lejos de dar por terminado el conflicto, Pintore remarcó su compromiso: “Seguiré dando la lucha en todas las instancias. En ello no estoy solo y debo agradecer enormemente el apoyo técnico y humano de la Dra. Paula Guillamondegui Tribaudino y del Dr. Andrés Paladino, quienes me acompañaron desde el primer momento. Sin la impecable actuación de estos dos letrados este resultado seguramente no hubiera sido posible”.
El abogado aclaró que no se trata de una cuestión personal, sino de un desafío mayor: “Seguiremos en la lucha porque consideramos que es una defensa de la Universidad Pública, para lograr la normalización de sus instituciones y la recuperación del nivel académico que se ha perdido. Es una lucha por el Estado, para que los funcionarios tengan la clara consciencia de que están allí para servirlo y no para servirse de él”.
Con esta resolución, ya son dos concursos docentes de 2017 en la Facultad de Derecho anulados por la Justicia Federal. El fallo no solo desnuda irregularidades en los procesos de selección académica, sino que reabre el debate sobre el peso de la política interna en la UNC y el futuro de la transparencia universitaria.