Editorial, por Claudia Fernández
El Gobierno nacional oficializó la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo destinado a confrontar públicamente informaciones, opiniones y posicionamientos de periodistas, medios de comunicación y dirigentes políticos que el propio Ejecutivo considere falsos o malintencionados. La decisión, presentada como un avance en la defensa de la libertad de expresión, abre un interrogante profundo sobre los límites del poder estatal en el debate democrático.
La medida se apoya en una premisa inquietante: que “solo informar no alcanza”. A partir de allí, el Estado asume la función de responder, corregir y desmentir desde una estructura oficial, principalmente a través de redes sociales. No se trata, según fuentes gubernamentales, de censura, sino de sumar una voz institucional frente a lo que el oficialismo define como “operaciones de la casta”.
Sin embargo, el problema no reside en el derecho del Gobierno a ejercer la réplica —facultad legítima en cualquier sistema democrático— sino en la institucionalización del señalamiento. Cuando el poder político crea un organismo específico para vigilar y confrontar discursos ajenos, la frontera entre informar y controlar se vuelve difusa.
La contradicción es aún más evidente si se observa el origen político del actual oficialismo. Este gobierno llegó al poder cuestionando con dureza experiencias similares impulsadas por gestiones anteriores, a las que acusó de intentar disciplinar al periodismo, condicionar la crítica y construir verdades oficiales. Esas herramientas fueron presentadas entonces como símbolos del autoritarismo discursivo. Hoy, bajo otra retórica, reaparecen con una lógica sorprendentemente parecida.
La historia reciente demuestra que los organismos estatales creados para “combatir la desinformación” rara vez se limitan a ese objetivo. En la práctica, suelen derivar en mecanismos de presión indirecta, estigmatización pública y deslegitimación de voces críticas. No importa el nombre que adopten ni el signo político que los impulse: el riesgo es estructural.
Sostener que esta oficina representa “una voz más” desconoce una realidad básica del funcionamiento democrático. El Estado no es un actor más en la conversación pública. Habla desde una posición de poder, con recursos, legitimidad institucional y capacidad de incidencia. Cuando esa voz se organiza para señalar discursos incómodos, el debate deja de ser horizontal.
La libertad de expresión no se garantiza desde el control, sino desde la tolerancia. No se fortalece clasificando verdades y falsedades desde el poder, sino aceptando la incomodidad que implica gobernar en una sociedad plural, crítica y diversa. La función del Estado no es arbitrar el debate público, sino garantizar que exista.
Por eso la pregunta de fondo no es comunicacional ni tecnológica. Es política.
¿Puede un gobierno que se define libertario asumir el rol de custodio del discurso público sin traicionar sus propios principios?
¿Dónde termina la defensa de la libertad y dónde comienza su administración?
Cuando el poder empieza a confundirse con la verdad, la democracia se debilita. Y cuando la libertad necesita una oficina para ser defendida, deja de ser un derecho para convertirse en una concesión.
La imagen que emerge es inquietante: ¿un presidente limitado por las reglas del sistema republicano o un emperador moderno convencido de que la verdad debe emanar del centro del poder?
La respuesta no es menor. De ella depende la calidad democrática del tiempo que viene.