El Ministerio de Economía presentó la canasta de crianza de la infancia, la niñez y la adolescencia. ¿De qué se trata, qué mide y qué impacto real puede tener?
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acaba de presentar la canasta de crianza, una herramienta que podría transformar los reclamos de cuota alimentaria, cuyo incumplimiento es una de las principales formas de violencia de género económica y patrimonial. La canasta, que incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes de 0 a 12 años como la valorización del tiempo requerido para su cuidado, es la primera de su tipo en el mundo.
De acuerdo con un documento de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía publicado en agosto de 2020, 9 de cada 10 mujeres realizan tareas de cuidado no remunerado, cuyo aporte al PIB, medido en forma conservadora, es del 15,9%. Las mujeres dedican a los cuidados 6,4 horas diarias, tres veces más que los varones. Y la desigualdad se sostiene, increíblemente, cuando la mujer tiene un trabajo de tiempo completo fuera del hogar y el varón está desempleado (ella dedica 5,9 horas y él 3,2).
Esta distribución desigual de los cuidados (y, por lo tanto, de la riqueza), tiene un impacto aún mayor en hogares que sólo están a cargo de una mujer. Según datos del INDEC, en el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 hogares monomarentales, lo que representa al 11,7% del total de hogares. Allí viven más de 3 millones de niños y niñas. El 26,1% de estos hogares tuvo ingresos menores a la Canasta Básica Total (CBT) y el 4,6% a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Además, casi el 60% destina más de la mitad de sus ingresos a pagar deudas. Pero, desde la perspectiva del cuidado, casi todo ese universo corresponde a hogares acreedores: la encuesta rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia de UNICEF para 2022 indica que el 50,2% de los hogares monomarentales no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos seis meses y que el 12% sólo la recibió algunos meses.
La canasta de crianza se presentó el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Su propósito es establecer un parámetro objetivo mínimo para acelerar acuerdos extrajudiciales, mejorar las medidas judiciales de alimentos provisorios, contar con un índice de actualización automática y recuperar la deuda alimentaria nacional, que en el Ministerio de Economía estiman en un piso de $417.300 millones de pesos.
En junio, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Sol Prieto, presentó los documentos Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica y Estimación del costo en tiempo de cuidados de niñas y niños (elaborado junto a UNICEF). Finalmente, el 7 de julio el INDEC informó la primera Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (correspondiente a mayo), junto con una serie histórica disponible a partir de enero de 2020.
A fines de este mes se conocerá el índice de junio. Además, en Economía están trabajando con las provincias para contar con datos locales de incumplimiento de cuota alimentaria, generar canastas de crianza por región y provincia, e impulsar reformas legislativas para mejorar el cumplimiento de la obligación alimentaria con cambios en los incentivos. Buscan poner a los cuidados en el centro del debate económico.
En diálogo con Infobae, Sol Prieto refirió que “la idea surgió porque en la presentación del estudio sobre deuda alimentaria en la provincia de Buenos Aires, uno de los hallazgos cualitativos era que muchas veces las decisiones judiciales se postergaban porque no se contaba con valores de referencia para definir el costo de criar niños y niñas. En la Dirección Nacional gran parte de nuestro trabajo es identificar o crear nuevos indicadores y nos dimos cuenta de que eso se podía resolver con una canasta. Lo hablamos con Malena Galmarini y su equipo, que ya venían trabajando el tema de la cuota y enseguida se pusieron a empujar. La decisión del ministro de avanzar en este tema fue central, porque sirvió para entenderlo como un problema económico. También trabajamos con UNICEF y fue clave la cooperación y la apertura del INDEC para generar un indicador oficial nuevo por primera vez en el mundo”.
¿Qué muestran los datos? Que el valor mensual de la canasta de crianza para cada uno de los tramos de edad correspondiente a mayo de 2023 es de $98.339 para los menores de un año, de $116.050 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $93.204 para los de 4 a 5 años y de $88.659 para los de 6 a 12 años. En los siguientes cuadros, extraídos del informe técnico del INDEC, se observa la apertura del costo de los bienes y servicios y del costo de cuidado.
¿Cómo se calcula la canasta de crianza? En el caso del costo de bienes y servicios, se toma el valor de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza, o sea, los consumos alimentarios necesarios para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas y otros consumos básicos no alimentarios como la vestimenta, el transporte, la educación y la salud. Eso se multiplica por un coeficiente de adulto equivalente (CAE) correspondiente a cada tramo etario. El CAE establece relaciones por edad y sexo para reflejar los distintos requerimientos nutricionales tomando como unidad de referencia a un varón adulto.
En cuanto al costo del cuidado, se considera el tiempo teórico requerido para cada uno de los tramos de edad y se valorizan las horas de cuidado tomando la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. De esta manera, se estima un mínimo de ocho horas diarias y se descuentan las extensiones promedio de las jornadas escolares públicas.
Pero, ¿qué impacto puede tener esta nueva canasta en la realidad de los reclamos alimentarios? En diálogo con este medio, Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), recordó que “para muchas mujeres las disputas por el pago de alimentos se transforma en una nueva forma de violencia” y destacó: “Que el INDEC comience a elaborar y difundir mensualmente una canasta del costo de la crianza muestra la forma en que debe transversalizarse una mirada de género en todo el quehacer del Estado y ofrece una herramienta fundamental para que la Justicia pueda intervenir activamente en la resolución de los casos de familia estableciendo el pago de alimentos de manera actualizada, en base a criterios objetivos y sobre todo de manera oportuna”.
En la Justicia de familia dicen que como valor de referencia puede ser muy útil en contextos de alta inflación. En los juzgados le fueron encontrando la vuelta a la imposibilidad de indexar: fijan obligaciones concretas en porcentajes (por ejemplo, sobre el salario en blanco que se va incrementando) o en especie (pagar el colegio, la colonia, las expensas, etc., que son ítems que aumentan solos).
Lo importante, aclaran, es que se lo entienda como un piso mínimo para zanjar discusiones, sobre el cual ir subiendo en función del nivel de vida de cada familia y otros criterios que se modifican caso a caso (actividades de los niños/as, problemas de salud, discapacidades, etc.). No sea cosa, dicen, que se pretenda usarlo como un tope. Es fundamental que los abogados y abogadas de los demandados reconozcan y acepten el Índice Crianza y no generen nuevas discusiones judiciales que vuelvan a demorar los trámites alimentarios.
Marisa Herrera, profesora de la UBAy UNDAV e investigadora del CONICET, le dijo a Infobae que “la valorización mensual de la canasta de crianza es una decisión política que merece ser aplaudida”. “Reparar es reconocer”, expresó citando a la reconocida luchadora Lohana Berkins. Según la abogada especializada en derecho de familia, “se visibiliza un tema central para la vida cotidiana de una gran cantidad de mujeres-madres como es la faceta económica que encierra el cuidado y el incumplimiento alimentario, con la consecuente batalla sobre sus espaldas que parte de una disyuntiva perversa: me someto a los tiempos y revictimización de una justicia patriarcal o tiro la toalla y desisto de cualquier planteo judicial”.
En cuanto a su aplicación concreta, Herrera clarifica que no hace falta ninguna ley para introducir el índice de crianza en la práctica judicial. “Sólo se trata de que sea aplicado en los procesos de alimentos, sea de oficio o a pedido de parte”. Para ello, apoya la petición que se hizo desde Economía en la presentación del 8 de marzo para que la Corte Suprema transforme su uso en obligatorio mediante una acordada, aunque observa que sólo tendría aplicación en el fuero nacional en lo civil con competencia en asuntos de familia. Quedarían afuera todos los casos provinciales. No obstante, dice, “un compromiso de este tenor por parte de la Corte le daría un fuerte impulso para que otras máximas instancias provinciales sigan el ejemplo”.
Fuente: InfoBae