La licitación para la incorporación de drones destinados a tareas de seguridad en Córdoba abrió un debate que rápidamente desbordó lo técnico y se trasladó al terreno político y comunicacional. Mientras desde la oposición se plantean cuestionamientos y alertas sobre el proceso, el oficialismo advierte sobre el riesgo de convertir los mecanismos de control institucional en herramientas de desconfianza pública y especulación electoral.
¿Dónde está el límite entre el control legítimo y el uso político del miedo? ¿Qué es lo que realmente se discute cuando una decisión de inversión en seguridad queda bajo la lupa? ¿Cómo se preserva el derecho a la privacidad sin paralizar al Estado en su función de prevenir el delito?
En una entrevista con Mi Valle, el presidente del Partido Justicialista de Córdoba y titular del bloque oficialista en la Legislatura provincial, Facundo Torres, analiza el reclamo de la oposición, cuestiona la forma en que se abordó el tema y plantea una mirada crítica sobre la responsabilidad dirigencial cuando debates técnicos se transforman en consignas políticas.
En un tema tan sensible como la incorporación de drones para seguridad, ¿dónde termina el legítimo control de la oposición y dónde comienza el riesgo de generar desconfianza pública?
El control legítimo termina cuando se deja de controlar y se empieza a sembrar desconfianza.
Acá se intenta confundir a la gente.
Cuando dirigentes nacionales, eternos candidatos y sin ninguna competencia sobre el Tribunal de Cuentas de Córdoba usan ese ámbito como tribuna, ya no estamos hablando de control institucional, sino de marketing político aplicado al miedo.
¿Considerás que hoy el debate por los drones es técnico, político o comunicacional? ¿Qué se está discutiendo realmente?
El debate debería ser técnico, pero terminó siendo político y comunicacional.
No se cuestionó el precio, ni el procedimiento, ni la legalidad.
Lo que se cuestionó fue la decisión política de invertir en seguridad.
Y eso ocurre porque algunos prefieren confundir antes que debatir en serio: basta ver cómo, horas después, salieron a atacar también una decisión claramente positiva para Córdoba, vinculada al financiamiento para obras públicas y al ordenamiento financiero de la Provincia, aun cuando fue respaldada por el mercado.
Cuando todo se transforma en sospecha, el problema ya no es técnico: es politiquería.
Cuando una licitación es observada por el Tribunal de Cuentas, ¿cómo debería actuar la dirigencia política para no trasladar un debate técnico al terreno del miedo social?
Con responsabilidad y con respeto por las instituciones.
Una observación no es una condena.
Lo que no corresponde es que dirigentes sin competencia, desde el ámbito nacional, hablen como barrabravas, acusen corrupción con liviandad y transformen un proceso administrativo en un espectáculo político.
¿Creés que en este caso hubo dirigentes que confundieron control institucional con posicionamiento electoral?
No fue una confusión, fue una estrategia.
Y además, una estrategia incoherente.
Hay una doble vara muy evidente: por un lado, buscan permanentemente congraciarse con el Gobierno nacional libertario; por el otro, atacan cualquier decisión del Gobierno de Córdoba, aun cuando responde a criterios de orden, inversión y modernización.
En esa desesperación por hacer política, muchos pierden el rumbo.
¿Considerás que ese debate fue abordado con seriedad o usado como consigna?
Fue usado como consigna. Cuando todo se convierte en sospecha, incluso decisiones positivas para la Provincia, ya no hay vocación de control. Hay marketing político y politiquería.
Cómo se equilibra el derecho a la privacidad con la necesidad urgente de prevenir el delito sin caer en discursos extremos?
Con reglas claras, protocolos, control real y transparencia.
No es seguridad contra derechos.
El problema aparece cuando, por cálculo político, se prefiere paralizar al Estado antes que permitir que actúe para cuidar a la gente.