Tras el comunicado difundido por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, en el que se repudian despidos en la Municipalidad de Anisacate, en diálogo con Mi Valle el referente de la institución, el licenciado Federico Nanzer del Área de condiciones laborales en el colegio de trabajadores sociales de Córdoba , amplió los cuestionamientos hacia la gestión municipal.
Nanzer sostuvo que desde la asunción de la intendenta Natalia Contini “se puso en cuestión y se empezó a generar una línea de ataque material y simbólico a diferentes manifestaciones políticas, estructuras y dispositivos que tienen que ver con una forma de entender el Estado interviniendo en la problemática social y cultural de las comunidades”.
Denunció que el equipo socio-comunitario del municipio “fue aniquilado, literalmente aniquilado” y detalló que cinco profesionales fueron desvinculados. Indicó que todos los casos están denunciados en la Justicia laboral y que cuentan con acompañamiento gremial.
En ese marco, describió situaciones concretas. Señaló que una trabajadora social fue convocada por una funcionaria para presentarse en el domicilio de una vecina que había realizado una crítica pública al municipio. Según relató, la profesional se negó por considerar que “no correspondía a su función ni a su ética profesional”, ya que además se encontraba realizando un acompañamiento por una situación de género. Nanzer afirmó que posteriormente fue trasladada, puesta en disponibilidad y finalmente despedida al regresar de sus vacaciones.
También mencionó el caso de un trabajador social de planta permanente que, según expresó, “fue perseguido, cambiado de lugar, se le quitaron tareas, se lo puso en disponibilidad y finalmente fue despedido”, situación que hoy se encuentra judicializada.
El referente sostuvo que, a su entender, existe un trasfondo de persecución política en algunas desvinculaciones, pero remarcó que el eje central del reclamo no es corporativo. “No es solamente la defensa de los trabajadores y trabajadoras sociales, es la defensa del derecho de la comunidad a tener políticas sociales”, afirmó.
En ese sentido, señaló que “la que termina dañada es la gente”, enumerando la interrupción de acompañamientos en violencia de género, articulaciones con el Polo de la Mujer, acceso a medicamentos por enfermedades crónicas, informes sociales y gestiones vinculadas a programas de asistencia.
Respecto al argumento del equilibrio fiscal, sostuvo que “las políticas sociales no son una opción, son una obligación del Estado para paliar desigualdades estructurales”. Además, indicó que el Colegio ha intervenido en conflictos similares en otros municipios, independientemente del signo político de las gestiones.
Nanzer aseguró que solicitaron audiencias en reiteradas oportunidades a la intendenta, pero que no obtuvieron respuesta. “Siempre vamos a promover el diálogo para que la gente sufra un poco menos”, expresó, y agregó que el Colegio continuará acompañando judicial y públicamente a las y los profesionales afectados.
Finalmente, envió un mensaje a la comunidad de Anisacate: “Cuentan con el Colegio y con los trabajadores sociales para buscar la manera de exigir que el Estado se haga cargo de lo que le corresponde”.