Una causa iniciada por un presunto conflicto de posesión de un terreno en el barrio Mariano Moreno, en Malagueño, podría cambiar de rumbo en las próximas horas, luego de que la defensa de una mujer que permanece detenida confirmara que avanzará con denuncias administrativas y penales contra un efectivo policial, por presunto “accionar irregular y falsedad en las actuaciones”.
Según explicaron los abogados de la Defensa, Mario y Héctor Reyna a Mi Valle, la familia se encontraba “ejerciendo la posesión del inmueble de manera continua, pacífica e ininterrumpida, cumpliendo con los requisitos que establece el Código Civil”. Si bien se menciona la existencia de documentación que acreditaría dicha posesión, al momento del procedimiento no habría podido ser presentada.
El conflicto se habría originado cuando una persona se presentó en el lugar alegando ser el propietario del terreno y dio aviso a la Policía. A partir de ese llamado, efectivos policiales acudieron al domicilio —ubicado a pocas cuadras del lugar donde reside la familia— y, siempre de acuerdo a la versión de la defensa, “intervinieron sin contar con orden judicial de desalojo ni presencia de un oficial de justicia”, en pleno período de feria judicial.
Momentos de tensión y versiones cruzadas
Durante el procedimiento, se vivieron momentos de extrema tensión. La defensa sostiene que “hubo forcejeos, empujones y amenazas verbales”, tanto hacia la familia como hacia los propios efectivos, con la presencia de menores de edad en el lugar. Incluso, existirían “registros fílmicos” que documentarían parte de lo sucedido.
En ese contexto, la mujer detenida habría reaccionado ante una amenaza dirigida a sus hijos y pronunciado una frase que la defensa califica como “una amenaza verbal simple, sin exhibición ni uso de armas”. Sin embargo, en el acta policial se habría consignado que “la mujer amenazó al efectivo con un machete”, hecho que la defensa niega de manera categórica.
“Se ingresó al terreno sin orden judicial y luego se agravó la situación en las actuaciones para justificar una detención más prolongada”, afirmó el abogado, quien incluso señaló que este tipo de prácticas no serían aisladas, según experiencias previas en otros casos.
Denuncias en camino
Ante esta situación, la defensa confirmó que avanzará por tres vías simultáneas:
- Denuncia administrativa ante los organismos de control de la fuerza policial, incluyendo el Juzgado de Ética y Conducta Policial.
- Denuncia penal contra el efectivo que habría consignado datos falsos en el procedimiento, por presuntas calumnias e injurias.
- Acción civil para reclamar una indemnización por los daños ocasionados.
Además, “se solicitará que el efectivo involucrado sea pasado a tareas no operativas”, mientras se sustancia la investigación.
Por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que la defensa aún no tuvo acceso al expediente completo ni a la identificación formal de los policías intervinientes. Se espera que, una vez que la imputada preste declaración y se incorpore la planilla oficial del procedimiento para que puedan delimitarse las responsabilidades.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo debate sobre los límites de la intervención policial en conflictos civiles, el respeto al debido proceso y el resguardo de los derechos de familias en situación de vulnerabilidad.