Lo que debía ser un procedimiento administrativo terminó en un verdadero “poda-gate” que hoy sacude a Anisacate. Una denuncia penal contra la intendenta Natalia Contini y parte de su equipo, junto a un planteo de nulidad presentado por la Comuna de Los Aromos, dejaron en evidencia un operativo municipal plagado de irregularidades legales, atropellos institucionales y un manejo político que roza el bochorno.
Un acta floja de papeles
El 14 de agosto, inspectores de Anisacate labraron el Acta de Constatación N.º 8220, acusando a la Comuna de Los Aromos de descargar restos de poda en un terreno de Quintas de Anisacate. En base a esa observación, dispusieron la clausura del predio y notificaron formalmente a la comuna vecina.
Sin embargo, el acta resultó un verdadero papelón jurídico: no identifica artículos concretos de la normativa presuntamente violada, carece de descripción detallada de los hechos y se limita a expresiones generales como “sin permiso” o “no cumple las normas”. Ante esta precariedad, Los Aromos presentó un recurso de nulidad, denunciando la vulneración al derecho de defensa, la falta de tipificación legal y la inobservancia de garantías constitucionales.
La denuncia vecinal: abuso y hostigamiento
Como si esto fuera poco, la vecina Carolina Liendo —propietaria del inmueble donde se realizó el procedimiento— denunció penalmente a la intendenta Contini, a la Inspectora General Silvia Valdovino y a personal de la Guardia Urbana.
Liendo sostiene que ingresaron a su terreno sin orden judicial, fotografiaron y filmaron pertenencias privadas, y la acusaron falsamente de tener una conexión eléctrica clandestina. Según relató, recibió amenazas de corte de luz pese a que depende de la energía eléctrica para conservar la insulina de su tratamiento médico.
“Me dijeron que ese era mi problema, de manera intimidatoria, dejando entrever que ponían en juego mi vida”, declaró en la Justicia, asegurando que teme represalias como la suspensión de servicios esenciales, algo que, según ella, ya ocurre con otros vecinos en Anisacate.
Escándalo institucional
El episodio mostró el costado más oscuro de la gestión anisacatense: arbitrariedad legal, atropello a la propiedad privada, hostigamiento a una vecina y una sanción administrativa sin respaldo normativo sólido. Lejos de mostrar eficiencia en la gestión ambiental, el operativo dejó a Anisacate en el centro de un escándalo político que trasciende fronteras municipales.
Hoy, el municipio enfrenta dos frentes abiertos: una denuncia penal que involucra directamente a la intendenta y un recurso de nulidad que expone la falta de preparación legal e institucional de su administración.
- Acusaciones principales
- Ingreso a propiedad privada sin orden judicial.
- Acusación de conexión eléctrica clandestina sin pruebas.
- Intimidación, amenazas y hostigamiento.
- Fotografías y filmaciones de pertenencias privadas sin consentimiento.
- Clausura de predio con un acta viciada de nulidad.
Del control ambiental al bochorno político
Lo que debería haber sido un procedimiento coordinado entre localidades terminó convertido en un caso de arbitrariedad institucional y confrontación política. En vez de cooperación, hubo atropello; en lugar de gestión ambiental, un choque legal que amenaza con escalar al fuero contencioso administrativo e, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de la Nación.
El resultado es claro: Anisacate quedó atrapada en su propio “poda-gate”, con un operativo fallido que derivó en un escándalo político y judicial de proporciones.