El Concejo Deliberante de Alta Gracia debatió este miércoles un proyecto presentado por el bloque Alta Gracia Cambia, que solicita al Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre el traslado de 11 familias desalojadas en barrio Yofre Norte, Córdoba Capital, hacia la ciudad del Tajamar.
El tema, que toca fibras sociales, culturales y políticas, encendió el debate en el recinto.
🔸 El proyecto
El texto presentado por la oposición plantea que el municipio debe informar qué acciones está llevando adelante ante la llegada de estas familias, que habrían sido reubicadas en Alta Gracia tras un operativo judicial realizado en Córdoba capital, donde las viviendas estaban ocupadas desde 2006.
Entre los puntos centrales, se solicita conocer:
- Si hubo coordinación con organismos provinciales o nacionales para el traslado y la asistencia social.
- Qué fundamentos tuvo la decisión de reubicar a las familias en Alta Gracia.
- Qué espacios o viviendas se dispusieron o se proyectan para su alojamiento.
- Qué análisis social y urbanístico se hizo sobre el impacto local en servicios, educación, salud y transporte.
- Qué recursos presupuestarios se destinaron para la integración.
🔸 La postura de la oposición: “El silencio no va más”
La concejal Lucía Allende fue una de las voces más críticas. “Acá todos sabemos que una cosa es respetar la cultura de determinados sectores y otra es avalar la vulneración de derechos”, dijo. Y agregó: “Hay niños que no están escolarizados, mujeres que viven en ámbitos de violencia constante, y eso genera una falta de convivencia vecinal muy importante. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿El de mirar para otro lado por complicidad política?”.
Allende también apuntó al gobierno provincial y a la falta de pronunciamiento del intendente: “Le tenemos que cubrir la espalda al gobernador y acá no pasa nada. El silencio no va más. Hay una preocupación generalizada, y no sólo en los que hacen política”.
Su par Ricardo González (Juntos por Alta Gracia) coincidió en la necesidad de transparencia: “Queremos saber si las viviendas tienen condiciones mínimas, si hay planos, si hay servicios. Es gente que vivió 20 años en un predio y ahora está en nuestra ciudad. Los vecinos merecen saber en qué condiciones van a convivir con el resto de la comunidad”.
🔸 La respuesta oficialista: “Vinieron por sus propios medios”
Desde el oficialismo, el concejal Marcelo Agazzi negó que haya existido un operativo organizado por el municipio o la provincia para traer a las familias a Alta Gracia.
“Las propias familias manifestaron que se trasladaban a nuestra ciudad porque aquí iban a ser recibidas por sus familiares. El Ministerio de Seguridad sólo notificó a la Departamental Santa María para garantizar que no se cometieran delitos ni ocupaciones de tierras”, explicó.
Y agregó: “Parte de estas 11 familias vinieron por sus propios medios, igual que podrían haber ido a Río Tercero o Carlos Paz. Ni el gobierno municipal, ni el provincial, ni el nacional pueden impedir a ciudadanos argentinos trasladarse libremente”.
🔸 Un debate que recién empieza
El tema, que involucra cuestiones de convivencia, integración cultural y gestión habitacional, seguirá siendo materia de debate político y social en Alta Gracia.
Mientras tanto, la oposición insiste en que el Ejecutivo debe transparentar las acciones adoptadas y acompañar con responsabilidad social la situación de las familias.