Una vez más, la escena se repite en Anisacate: exposición pública, reclamo ruidoso y una puesta en escena que ignora —o finge ignorar— cómo funcionan realmente los procedimientos administrativos y legales. Esta vez, el escenario fue la Cooperativa y el tema, el pago de facturas. Pero los hechos técnicos cuentan otra historia
Este jueves, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, protagonizó un nuevo episodio de confrontación pública en la Cooperativa, reclamando un mecanismo de pago que no solo no corresponde, sino que ella conoce perfectamente que no puede aplicarse.
No es la primera vez. Y tal como ha ocurrido en otras oportunidades, el reclamo se realizó de cara a la opinión pública, sin contemplar los procedimientos administrativos vigentes ni el impacto institucional que este tipo de acciones generan.
Lo que la ley y la administración sí establecen
El llamado pago por caja presenta limitaciones concretas que lo vuelven inaplicable para el Municipio:
- Para realizarlo, el usuario debe descargar previamente las facturas desde internet, las cuales no siempre reflejan la totalidad de intereses al momento del pago.
- Esa diferencia no puede ser verificada por el cajero, generando inconsistencias administrativas.
En el caso puntual del Municipio de Anisacate, la situación es aún más compleja:
- Mantiene múltiples cuentas activas.
- Utiliza dos servicios principales de la Cooperativa: energía eléctrica y fibra óptica.
- Registra una deuda superior a 500 millones de pesos solo en concepto de capital.
Cuando el Municipio descarga facturas —generalmente vinculadas solo a uno de los servicios— y realiza pagos parciales, el monto abonado resulta ínfimo en relación al total adeudado, y obliga a la Cooperativa a desplegar un trabajo administrativo extra, rastreando pagos, fechas, intereses y cuentas imputadas.
Por qué se exige el pago por transferencia
El sistema de transferencia bancaria no es un capricho:
permite imputar automáticamente los fondos a las deudas más antiguas, primero a intereses y luego a capital, reduciendo errores, tiempos y discrecionalidad. Es un mecanismo pensado para ordenar, no para obstaculizar.
La pregunta que vuelve
Ante este contexto técnico y administrativo ampliamente conocido, el interrogante surge solo:
¿Se trata de desconocimiento… o de una nueva puesta en escena?
Con las elecciones en la Cooperativa asomando en el horizonte —y antecedentes de participación política en procesos similares— la estrategia de confrontación pública vuelve a aparecer como recurso recurrente.
No se afirma, se pregunta.
No se acusa, se expone.
Porque cuando la política se convierte en parodia, las instituciones pagan el costo.
La gestión pública exige responsabilidad, respeto por los procedimientos y, sobre todo, honestidad intelectual frente a la ciudadanía.
El show puede rendir un titular.
La administración, no.