Este 29 de mayo tendrá lugar una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad para exigir la pronta sanción del proyecto en diputados. Instituciones, entidades, familias y profesionales que trabajan con discapacidad, dirán presente.
Este jueves se realizará una concentración federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Instituciones, entidades, familias y profesionales que trabajan con discapacidad, dirán presente. Piden que el proyecto de ley que declararía la Emergencia de Discapacidad, se ponga en agenda y se debata próximamente.
Manifestaron las múltiples dificultades para sostener las prestaciones, que deriva en complicaciones para pacientes y familias. Las auditorías por presuntas irregularidades son extensas en el tiempo, lo que genera pérdidas de ayudas económicas y desatención. Muchas personas han dejado de recibir la pensión. En algunos casos los tratamientos que no se cumplen son irreversibles.
Detallaron que no han tenido aumento y se les abona cada 60 o 90 días. “Trabajamos por sumas paupérrimas. Vamos a tener que vivir de otra cosa y no prestar servicio”.
Las obras sociales no efectúan los pagos correspondientes. Además, muchas veces se precisa asesoramiento para las prestaciones y no se la recibe.
En un comunicado de los convocantes remarcan: “La propuesta, busca asegurar hasta el 31 de diciembre de 2027 los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. Además, contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad .
La jornada incluirá movilizaciones, actividades culturales y actos públicos en distintas ciudades del país, con el fin de visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. Entre las problemáticas más urgentes se destacan los retrasos en los pagos a prestadores, la falta de actualización de aranceles, las dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos, y la implementación de normativas regresivas que afectan los derechos adquiridos .