Desde el 2 de junio hasta el 31 de agosto, cualquier persona que figure en el padrón electoral podrá firmar en comisarías o juzgados de paz. La ley deberá ser tratada por la Legislatura.
María del Carmen Robbiati, referente del colectivo de jubilados, pensionados y retirados de Córdoba, dialogó con Mi Valle sobre la reactivación de un proyecto de ley que busca restituir derechos perdidos y corregir injusticias en el sistema previsional. “Cada firma es un granito de oro para nosotros”, expresó con firmeza.
El proyecto fue originalmente presentado en febrero con más de 36.000 firmas recolectadas en toda la provincia. Sin embargo, la ley que regula la iniciativa popular —vigente desde 1990— exige que todas las firmas sean certificadas, lo cual ha sido históricamente una barrera para que propuestas ciudadanas lleguen al recinto legislativo.
Gracias a las gestiones realizadas por el grupo impulsor, la jueza Marta Vidal, presidenta de la Junta Electoral, puso a disposición la totalidad de las comisarías de la provincia, incluyendo Capital, para certificar gratuitamente las firmas. También se sumaron todos los jueces de paz, quienes están habilitados para esta función, incluso en localidades donde no hay comisarías.
El proyecto interpela especialmente a los jóvenes. “Apelamos a quienes tienen 16 años o más, que van a votar y pueden apoyarnos. Porque un día ellos también serán mayores”, remarcó Robbiati. La participación de los más jóvenes es vista como clave para asegurar una representación amplia y consciente.
Uno de los reclamos principales es la pérdida del 82% móvil en las jubilaciones, que actualmente se redujo al 63%. También denuncian el uso del mecanismo de diferimiento en los aumentos —que se paga con hasta 90 días de retraso— y los efectos de la ley 10.694, considerada inconstitucional, que aplica descuentos del 20% a quienes tienen dos beneficios, como pensión y jubilación.
Otro de los puntos fuertes del proyecto es el pedido de restitución del directorio de la Caja de Jubilaciones, actualmente intervenida sin una explicación oficial. “Queremos que se cumpla la ley de creación de la caja y que se conforme el directorio como corresponde”, subrayó la vocera.
Además, el colectivo propone que el APROSS deje de ser una red obligatoria. “Queremos que sea optativo. No es una obra social, es un seguro de salud mal administrado. Hay turnos médicos que demoran meses. Pedí una dermatóloga en mayo y me dieron turno para septiembre”, denunció Robbiati.
La recolección de firmas comenzó este 2 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto. Tras esa fecha, la Junta Electoral emitirá un informe con todas las planillas certificadas, y el proyecto será elevado a la Legislatura, donde deberá ser tratado obligatoriamente. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo no podrá vetarlo.
Robbiati destacó la respuesta positiva de la comunidad. “Esta vez tuvimos más adhesión que la anterior. La gente está cansada, quiere un cambio real”, afirmó. También remarcó que esta campaña funciona como una herramienta educativa: “Muchos no saben que dentro de nuestra Constitución existe la democracia semidirecta, que permite al pueblo presentar proyectos de ley”.
Para firmar, los ciudadanos pueden acercarse a las comisarías y juzgados de paz de toda la provincia, de lunes a viernes entre las 8 y las 21 hs. En ciudades como Alta Gracia, donde no hay juzgado de paz por la presencia de tribunales, la comisaría local está habilitada para recibir las firmas.
Finalmente, Robbiati dejó su número personal para quienes deseen sumarse como voluntarios o realizar consultas: 3547 657018. “Todos tenemos un abuelo, un amigo o un familiar afectado. Y esto también es por los que hoy trabajan, para que el día de mañana puedan jubilarse con dignidad”, concluyó.
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