La conmoción por el caso de una mujer hallada en estado de extrema delgadez y desmejorada en Despeñaderos —quien habría pasado años sin salir a la calle— puso nuevamente en agenda la discusión sobre la Ley de Salud Mental y las falencias del sistema para atender situaciones de vulnerabilidad extrema.
El rescate se produjo gracias a un llamado anónimo que permitió la intervención de la Justicia. El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención del esposo y la hija mayor de la víctima, mientras que otros integrantes del entorno familiar quedaron imputados. La mujer permanece internada en el Hospital Illia bajo estricto control médico y psicológico, y aún no estaría en condiciones de declarar.
En diálogo con Cadena 3, Marina Charpentier, mamá del músico “Chano”, cuestionó la falta de equipos interdisciplinarios en hospitales y pidió modificar la ley para permitir la internación involuntaria en casos de riesgo. “La falta de equipos interdisciplinarios en los hospitales es un gran problema. Hay personas que no pueden cuidar de sí mismas, y el Estado debe actuar cuando hay peligro para sí o terceros”, remarcó.
Charpentier también planteó la necesidad de que escuelas, centros de salud y la comunidad actúen como alerta temprana: “En una localidad de 7.000 habitantes, ¿cómo nadie detectó la situación?”. Actualmente, la Ley de Salud Mental establece que una persona no puede ser internada contra su voluntad, lo que, según la especialista, impide intervenciones necesarias cuando el entorno familiar no reconoce la gravedad del cuadro.
Este caso no es aislado. En la región de Santa María, Córdoba, se han registrado situaciones similares, incluyendo la de un personaje muy conocido en Alta Gracia que acumuló denuncias por intento de abuso. Pese a ser detenido e internado, fue devuelto a su hogar debido a que la normativa vigente establece que el cuidado debe realizarse en el entorno familiar, aun cuando éste no siempre garantiza la seguridad o el tratamiento adecuado.
Para Charpentier y numerosos actores sociales, resulta urgente que el Congreso debata las reformas a la ley que permitan actuar de manera efectiva, evitando tragedias y asegurando que las víctimas reciban la atención integral que necesitan.