Crece la indignación entre familiares de presos en el complejo de Bouwer. En redes circulan videos y mensajes que denuncian golpizas, maltratos y hostigamiento tanto a internos como a sus visitas. Denuncian que a “Mundito” lo mataron.
En las últimas horas, los grupos de familiares de internos del complejo penitenciario de Bouwer comenzaron a viralizar publicaciones y mensajes que denuncian abusos por parte de guardias y malos tratos hacia las visitas. El malestar, acumulado por años de denuncias, derivó en la convocatoria a una marcha frente a la Dirección General del Servicio Penitenciario de Córdoba.
En un mensaje compartido en redes expresan: “Ya basta de abusos de parte de los guardia cárceles, porque estén presos todavía tienen derechos humanos. Ya basta de maltratarnos tanto a la visita como a los que están ahí adentro. No esperemos que sea uno más como el chico que lo mató la yuta, ya basta de callarnos y que nos verdugueen”, manifestaron familiares.
La publicación hace referencia a un fallecimiento reciente en el penal, un hecho que el Servicio Penitenciario calificó oficialmente como una “muerte por circunstancias naturales ”, aunque familiares sostienen que se trató de una golpiza al detenido apodado “Mundito”, y que no se trató de un caso aislado. En los grupos de mensajería interna se mencionan videos que mostrarían escenas de agresión física dentro de los módulos, y mensajes de familiares que afirman haber sido hostigados durante las visitas.
“A las visitas también nos verduguean mal. Eso pasa en todas”, comentó a Mi Valle una mujer, familiar de un recluso, en referencia al trato que reciben los familiares al ingresar al complejo.
Las denuncias se suman a un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema penitenciario provincial, que ya fue objeto de intervención técnica a principios de año. En esa ocasión, el Ministerio había informado que se hallaron más de 275 teléfonos celulares en manos de internos, en lo que fue considerado “un intento de recuperar el control institucional” dentro de las cárceles cordobesas.
Sin embargo, las familias aseguran que el problema no es la falta de control, sino el exceso de violencia. Desde hace meses, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre la falta de mecanismos externos de monitoreo y la persistencia de prácticas represivas hacia los internos.
En 2024, la Justicia provincial imputó a diez agentes penitenciarios por “tortura seguida de muerte”, en un hecho ocurrido también en Bouwer, donde intervino la Procuración Penitenciaria de la Nación como querellante.
La marcha: del hartazgo a la calle
La movilización propuesta por los familiares apunta a exigir respuestas a las autoridades provinciales y la intervención real del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según pudo saber Mi Valle Medios, la concentración sería frente a la Dirección General del Servicio Penitenciario de Córdoba, aunque aún no se confirmó la fecha oficial.
Los reclamos incluyen:
- el cese inmediato de las agresiones físicas y psicológicas hacia los internos,
- un protocolo de trato digno para familiares en las visitas,
- la instalación de cámaras de seguridad en todos los módulos,
- la revisión médica externa e independiente tras cada incidente violento,
- y la apertura de una mesa de diálogo con la participación de organismos de derechos humanos.
“No están de vacaciones, pero tampoco para que se hagan los matones entre tres o cuatro”, expresó otra familiar, en referencia al accionar de algunos agentes denunciados.
La respuesta oficial
Desde el Ministerio de Justicia las autoridades evitaron pronunciarse sobre las publicaciones virales y los videos difundidos, aunque reiteraron que “no existen pruebas oficiales de agresiones institucionales”. De todos modos, reconocieron que se está “evaluando una nueva auditoría interna” en el complejo penitenciario de Bouwer y que “las puertas están abiertas al diálogo con las familias”.
En tanto, organizaciones civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos de Córdoba solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria Nacional para garantizar la transparencia de la investigación.
Un sistema en crisis
Bouwer es uno de los complejos carcelarios más grandes de la provincia, con una población que supera los 3.000 internos distribuidos en módulos de distinta seguridad. Según informes judiciales y de derechos humanos, la sobrepoblación, la falta de personal especializado y la carencia de recursos básicos (desde atención médica hasta higiene) han derivado en un deterioro progresivo de las condiciones de reclusión.
El fallecimiento reciente reabrió heridas que nunca terminaron de cerrar. Los familiares aseguran que las muertes “mal explicadas” son parte de una cadena de abusos sistemáticos y que la violencia no se limita a los internos, sino que alcanza a quienes los visitan cada semana.