Dialogamos con la bióloga e investigadora de CONICET vecina de La Serranita, quien se refirió al momento que están atravesando las universidades y los centros de investigación.
Por estos días, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario reabrió un debate crucial: ¿qué modelo de país queremos construir? Para profundizar sobre las implicancias de esta decisión, conversamos con Bárbara Arias Toledo, vecina de La Serranita, bióloga, Doctora en Ciencias Biológicas e investigadora de CONICET, con amplia trayectoria docente universitaria.
—¿Qué impacto concreto tendrá este veto en la vida de los estudiantes y en la capacidad de la universidad pública de seguir formando profesionales y generando conocimiento?
—El financiamiento universitario va dirigido básicamente a dos grandes áreas: los salarios docentes y los gastos de funcionamiento. Que no haya incrementos salariales implica docentes desmotivados, obligados a buscar múltiples empleos y con sobrecarga horaria. Eso inevitablemente repercute en las aulas. El mejor esfuerzo de cualquier trabajador se da en condiciones dignas de trabajo, y la docencia no es la excepción.
En cuanto al funcionamiento, hablamos de bibliotecas, laboratorios, equipamiento e insumos. Sin eso, el aprendizaje se degrada. Se puede mostrar teoría o imágenes, pero no es lo mismo que experimentar, manipular materiales o acceder a libros de calidad. En definitiva, sin financiamiento disminuye la calidad educativa, y eso erosiona un valor histórico de Argentina: la excelencia de su universidad pública, reconocida en todo el mundo.
—En la sociedad circula la idea de que los reclamos universitarios esconden un rechazo a las auditorías. ¿Cómo responde la comunidad académica a esa percepción?
—Es una idea equivocada. Las universidades públicas siempre han sido auditadas, con controles internos permanentes y con auditorías externas presentadas a distintos estamentos del Estado. Esa información es pública y accesible para cualquier ciudadano.
Lo que sucedió fue que el actual gobierno intentó reinstaurar un organismo dependiente del Ejecutivo, es decir, de una sola fuerza política. En cambio, hoy las universidades son auditadas por un organismo conformado por representantes de todos los partidos en el Congreso, lo que garantiza mayor transparencia. Incluso así, las universidades aceptaron ser auditadas por el nuevo organismo, pero este nunca fue conformado. Entonces no se trata de que las universidades rehúyan el control, sino de que los mecanismos vigentes ya existen y funcionan.
—La universidad pública no solo forma personas, también produce ciencia e innovación. ¿Qué riesgos supone el freno al financiamiento en este plano?
—La producción científica nacional tiene un doble rol: dar respuestas a problemas locales y generar tecnología exportable. Gran parte de los institutos de investigación son de doble dependencia CONICET-Universidad, lo que vincula estrechamente docencia e investigación.
Si dejamos de invertir, no solo perdemos divisas por exportación de conocimiento, sino que además debemos importar aquello que antes producíamos. Es una falacia pensar que un país pobre no debe invertir en ciencia: al contrario, es el que más lo necesita. Basta mirar a países emergentes como Brasil o India, que lograron desarrollarse a partir de una fuerte inversión científica y tecnológica.
—¿Cómo equilibrar la autonomía universitaria con la exigencia de rendición de cuentas que plantea la sociedad?
—No hay oposición a la rendición de cuentas. Los universitarios somos los primeros interesados en que los fondos se usen correctamente. Y en eso la universidad ha demostrado históricamente una transparencia ejemplar.
La autonomía no refiere a la falta de auditorías, sino a la libertad de cátedra y a la autarquía institucional. Es la universidad la que elige a sus autoridades y define sus planes de estudio a través de procesos internos y participativos, sin que dependa de la decisión de un poder político de turno. Esa es la esencia de la autonomía académica.
—En última instancia, ¿qué modelo de país se define con decisiones como este veto?
—El veto parte de una visión que entiende la educación como un gasto. En cambio, la mayoría de los argentinos y argentinas creemos que es una inversión estratégica. Un pueblo educado es más libre, tiene más recursos para proyectar su futuro.
Si no invertimos, restringimos la educación superior a unos pocos con recursos, condenando a la mayoría a la exclusión. Eso genera un país para pocos. En cambio, invertir en educación, en ciencia y en salud, significa apostar a un país para todos.
Y esto no debería depender del gobierno de turno: necesitamos consensos básicos, como garantizar una inversión mínima y sostenida en educación a lo largo del tiempo. Porque cada peso invertido en un estudiante vuelve multiplicado en lo que esa persona aporta luego a la sociedad. La educación nunca es un gasto, siempre es una inversión. De ella depende el futuro de un país justo, libre y desarrollado.