El Gobierno quedó envuelto en uno de los episodios más oscuros desde la asunción de Javier Milei. Una tormenta política y judicial estalló en torno al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo —abogado, amigo personal del Presidente y pieza clave en el reparto de fondos millonarios— tras la filtración de audios que lo comprometerían en un presunto esquema de sobornos y retornos con laboratorios.
En esas grabaciones, difundidas en redes sociales y por el canal de streaming Carnaval, se menciona nada menos que a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei, hermana y principal espada política del Presidente. La trama habría sido conocida por el propio Milei desde hace meses, pero estalló ahora, dejando al descubierto una interna feroz en el corazón del oficialismo.
Silencio, hermetismo y renuncia forzada
Durante todo el día reinó el mutismo en la Casa Rosada. Mientras la oposición en Diputados avanzaba contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, el nombre de Spagnuolo se repetía como un fantasma incómodo en cada discurso. La presión fue insoportable: primero se habló de su renuncia, después de su resistencia, y finalmente, a la medianoche, el propio Milei anunció su desplazamiento “preventivo”.
El decreto 599/2025 publicado en el Boletín Oficial confirmó la caída del funcionario y de su mano derecha, Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis. Un golpe seco que dejó tambaleando a una de las cajas más sensibles del Estado.
El Congreso encendió la mecha
La sesión en Diputados fue la chispa que terminó de incendiar el clima: peronistas, la izquierda y hasta legisladores que llegaron de la mano de LLA (como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro) votaron en contra del veto presidencial. La oposición, envalentonada, apuntó de lleno al escándalo: Leandro Santoro, Christian Castillo y Pablo Juliano exigieron explicaciones inmediatas.
A la par, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal en Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, abriendo un frente judicial que promete sacudir los cimientos del Gobierno.
Un área sensible en crisis
El golpe no pudo llegar en peor momento: el sistema de discapacidad atraviesa un ahogo financiero por los aranceles congelados, los prestadores al borde del colapso y una protesta social en crecimiento. La Andis, bajo la lupa, manejaba también la polémica auditoría sobre pensiones por invalidez, otro frente caliente que afecta a miles de beneficiarios.
Spagnuolo, sin antecedentes en la materia pero con acceso directo al despacho presidencial, fue colocado en ese lugar estratégico solo por su cercanía con Milei. Según registros oficiales, es uno de los visitantes más frecuentes a la Quinta de Olivos. Hoy, ese vínculo de confianza se convirtió en un búmeran político.
El fantasma del fentanilo y la presión sobre Lugones
Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, intenta despegarse del caso. Su cartera, ya cuestionada por el papel de la Anmat en la crisis del fentanilo contaminado, ahora deberá asumir la intervención en la Andis. A diferencia de Spagnuolo, Lugones sigue recibiendo el respaldo de la Casa Rosada, aunque las miradas ya lo apuntan como el próximo fusible en caso de que el escándalo siga escalando.
Conclusión: una bomba en el corazón del mileísmo
El affaire Spagnuolo dejó expuesta la interna libertaria, mostró las grietas en el bloque oficialista y colocó a la mismísima Karina Milei en el centro de las sospechas. Un escándalo que, lejos de cerrarse con un despido, recién empieza a desplegar sus coletazos políticos y judiciales.
El Gobierno intentó apagar el incendio con un tuit prometiendo aumentos en las prestaciones de discapacidad. Pero lo cierto es que la crisis ya está instalada, la oposición huele sangre, y los audios —verdaderos o no— se transformaron en dinamita pura dentro del corazón del poder.