Anisacate paga más: la ordenanza municipal que encarece internet y abre una batalla judicial

La Cooperativa de Anisacate informó de manera detallada cómo impacta la nueva Ordenanza Tarifaria Anual 2026 aprobada por la Municipalidad de Anisacate en los servicios que presta la institución, y aclaró que los incrementos derivados de esta normativa recaen exclusivamente sobre los vecinos y vecinas de Anisacate, sin afectar a los asociados de La Bolsa, Valle de Anisacate ni Dique Chico.

Desde el Consejo de Administración señalaron que la Cooperativa es de carácter regional y que cada comunidad debe asumir las cargas impositivas que definen sus propias autoridades, evitando así que decisiones locales se financien con aportes de otras localidades.

Servicio de internet: valores concretos y diferencias entre localidades

A partir del mes de enero, los usuarios de Anisacate comenzarán a abonar el impacto de la tasa municipal incorporada al servicio de internet dentro del rubro Comercio e Industria.

Como ejemplo concreto:

Un plan de 30 megas tendrá un valor aproximado de $22.200 para usuarios con domicilio en Anisacate.

En contraste, los usuarios de La Bolsa, Valle de Anisacate y Dique Chico continuarán abonando $20.500, valor que se mantendrá hasta que exista un reajuste general, independiente de esta ordenanza municipal.

La diferencia entre ambos valores responde exclusivamente a la aplicación de la tasa definida por el Municipio de Anisacate y no a una decisión comercial o administrativa de la Cooperativa.

Qué incrementos se aplican y no están en discusión

Desde la Cooperativa aclararon que existen ajustes que se consideran normales y razonables, propios de la actualización de costos, y que no forman parte del conflicto judicial.

Estos son:

-Un incremento del 20 por mil (20‰) en el servicio de internet.

-Un incremento del 8 por mil (8‰) en el servicio de energía eléctrica.

Estos valores se aplican dentro de los márgenes habituales del sistema tarifario y no están cuestionados.

Qué cargos no se trasladan y están judicializados

En cambio, la Cooperativa decidió no trasladar a los usuarios, al menos por el momento, una serie de cargos previstos en la ordenanza municipal que considera excesivos, desproporcionados y contrarios a la legislación vigente.

Entre ellos se encuentran:

-El cobro mensual de $35.000 por cada poste ubicado en el ejido municipal.

-Un cargo de $2.500 mensuales por cada conexión de internet y energía eléctrica.

-El cobro de $21.900 por supuestas inspecciones en nuevas conexiones o habilitaciones de medidores.

De aplicarse estos valores, el impacto económico sería extremadamente elevado, alcanzando un incremento de más del 60% en las boletas de luz, es decir una cifra global que superan los 150 millones de pesos mensuales, un monto incluso mayor al costo que la Cooperativa abona por la energía eléctrica que consume toda la localidad.

Acción judicial en curso

Ante esta situación, la Cooperativa presentó una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, además de recursos administrativos contra las boletas emitidas por estos conceptos.

Hasta tanto la Justicia se expida

-Estos cargos no se incorporan a las facturas.

-No se trasladan a los usuarios.

-Cualquier modificación futura dependerá exclusivamente de la resolución judicial.

Un punto clave: el impacto es solo para Anisacate

El Consejo de Administración fue enfático en aclarar que:

-Los vecinos de Anisacate afrontan los costos derivados de la ordenanza de su municipio.

-Los asociados de La Bolsa, Valle de Anisacate y Dique Chico no se ven afectados.

-La Cooperativa actúa para evitar una transferencia injusta de recursos entre comunidades.

Compromiso institucional

Finalmente, desde la Cooperativa reiteraron su compromiso de:

-Defender el bolsillo de los socios (porque claramente el impacto es para los socios)

-Actuar con responsabilidad institucional.

-Agotar todas las instancias administrativas y judiciales para impedir que se apliquen cargos que consideran ilegales o confiscatorios.

“La prioridad es garantizar servicios sustentables sin trasladar a los vecinos costos que no corresponden o que aún están siendo discutidos en la Justicia”, señalaron.