Con la excusa de la modernización, el municipio de Alta Gracia presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca ordenar, regular y controlar todo el sistema de transporte de pasajeros: taxis, remises y las cada vez más populares plataformas digitales como Uber, Didi o Cabify. La propuesta pasó a comisión, pero ya genera revuelo entre los distintos actores del sector.
En la letra del proyecto, el Ejecutivo reconoce que las ordenanzas vigentes —que datan de 2010— quedaron vetustas frente a la aparición de nuevas tecnologías y modalidades de transporte. Por eso, buscan “unificar criterios” y poner bajo un mismo paraguas legal a los taxis tradicionales, los vehículos contratados mediante agencias y aquellos que operan por aplicaciones móviles.
Más control, más obligaciones, más tasas
La propuesta establece condiciones claras para cada modalidad, pero también suma exigencias a los prestadores: desde la obligación de registrarse en el municipio, contar con seguro y controles técnicos, hasta la vestimenta aseada y la tenencia de un “libro de quejas” en cada unidad. Además, se blinda la potestad municipal de cobrar tasas específicas y realizar fiscalizaciones periódicas.
Por ejemplo, los conductores deberán portar una licencia especial otorgada por el municipio, someterse a controles médicos y de antecedentes, y conocer en detalle la geografía de la ciudad.
Para los vehículos, no hay concesiones: el taxi o remise debe tener aire acondicionado, calefacción, matafuegos, odómetro digital, reloj tarifario visible y neumáticos con dibujo mínimo de 1.2 mm. Ni hablar de la limpieza: habrá inspecciones y exigencias sanitarias periódicas.
¿Y Uber?
El proyecto incluye explícitamente la regulación de los “vehículos habilitados mediante contratación por plataformas digitales”. Es decir, Uber, Didi o cualquier aplicación deberán adecuarse a la normativa local, inscribirse y pagar las contribuciones fiscales correspondientes.
En la práctica, esto significa blanquear un mercado que ya existe pero que hasta ahora funciona en la informalidad. Claro que también es un intento por controlar y fiscalizar un servicio que ha ganado terreno en la ciudad, en detrimento de taxis y remises tradicionales.
Las agencias también en la mira
Las agencias de taxis o remises también estarán sujetas a nuevas condiciones: deberán estar formalmente habilitadas, contar con un mínimo de vehículos registrados, tener sede fija en la ciudad y cumplir con exigencias fiscales en todos los niveles.
Incluso deberán garantizar una cobertura de servicio de 24 horas durante todo el año, y responder ante la Municipalidad cada vez que haya una denuncia o conflicto.
Qué se viene
El proyecto pasó a comisión para ser debatido en detalle, pero se descuenta que habrá un intenso tironeo entre los sectores tradicionales que quieren proteger su negocio, y los defensores de la libertad de contratación mediante apps.
En definitiva, el municipio busca “ponerle el taxímetro” a todo el transporte privado de pasajeros: que nadie quede afuera del radar de la regulación y, por supuesto, de la recaudación.
“Es necesario consolidar un marco normativo único que garantice calidad, equidad, seguridad jurídica y fiscalización del servicio de transporte”, reza el texto que impulsa el Ejecutivo.
Mientras tanto, en la calle, los pasajeros siguen eligiendo según el bolsillo, la comodidad o la rapidez. Y en ese tablero, por ahora, las plataformas digitales siguen jugando con ventaja.