Uno pertenece al bloque de Alta Gracia Cambia y el otro al oficialismo. Te contamos qué proponen cada uno.
Frente al avance sostenido de ocupaciones ilegales en la zona de las ex Canteras del Cerro, un predio que además está declarado como reserva natural, el tema llegó con fuerza al Concejo Deliberante de Alta Gracia. Tanto el bloque oficialista de Hacemos por Alta Gracia como la oposición de Alta Gracia Cambia coincidieron en la necesidad de abordar de manera urgente esta problemática que no sólo pone en riesgo el patrimonio ambiental de la ciudad, sino que también tensiona el ordenamiento territorial y la convivencia social.
Las propuestas presentadas por ambos espacios políticos buscan dar una respuesta institucional frente a una situación que preocupa a vecinos y autoridades, y que ha derivado en denuncias judiciales y reclamos de organismos nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Mientras el oficialismo propone una ordenanza integral para facultar al Ejecutivo a prevenir ocupaciones y gestionar la transferencia definitiva de las tierras, la oposición reclama medidas inmediatas y denuncia la falta de acción política por parte del municipio.
Con distintos matices, ambos proyectos coinciden en la urgencia de frenar el avance de los asentamientos, proteger el valor ambiental del predio y garantizar el cumplimiento de la ley en defensa de los espacios públicos que pertenecen a toda la comunidad.
EL PROYECTO DE ALTA GRACIA CAMBIA
El bloque Alta Gracia Cambia, integrado por la concejal Lucía Allende y el edil Martín Barrionuevo, presentó un proyecto de resolución para que el municipio intervenga de manera urgente ante la ocupación ilegal de tierras fiscales en la zona de la Cantera del Cerro, un sector que además está declarado como reserva natural protegida.
La iniciativa, que será tratada en la sesión de este martes 16 de julio, insta al Departamento Ejecutivo a activar todos los mecanismos legales y administrativos para frenar el avance de los asentamientos. En concreto, el proyecto propone:
- Realizar gestiones inmediatas ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para informar la situación y solicitar intervención.
- Radicar la denuncia judicial correspondiente por la ocupación de tierras nacionales.
- Requerir la actuación de la Dirección de Espacios Verdes y Ambiente, incluyendo la denuncia ante la Policía Ambiental por desmonte y daño ecológico en un área de gran valor natural.
- Disponer un relevamiento social y sanitario a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para identificar a las personas asentadas, la presencia de menores y las condiciones en las que viven.
“La zona está protegida por ordenanzas locales y legislación provincial. Es un espacio ambientalmente valioso que debemos resguardar con urgencia”, expresó la concejal Allende, quien además criticó la falta de acción por parte del Ejecutivo local:
“Hay que dejar de poner excusas: el Intendente Torres debe tomar medidas con las facultades que ya tiene. No lo están haciendo por decisión política. Están llenando de asentamientos a Alta Gracia con gente que no es de la ciudad. No se puede mirar para otro lado y hacer como si no pasara nada. Hay leyes y deben cumplirse.”
Allende también deslizó un interrogante político:
“¿O hay interés en quedarse con esas tierras desde el gobierno municipal y por eso no se actúa?”
El proyecto no sólo apunta a preservar el patrimonio natural de la ciudad, sino también a garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los recursos públicos que, como recordó la concejal, “son de todos”.
La discusión se inscribe en el creciente debate sobre la ocupación de tierras fiscales en la región y la necesidad de combinar políticas sociales con la protección ambiental y el ordenamiento territorial.
EL PROYECTO DE HACEMOS POR CÓRDOBA
El bloque Hacemos por Alta Gracia presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para que el municipio tenga herramientas concretas frente al avance de ocupaciones ilegales en la zona de las ex Canteras del Cerro, declarada reserva natural. La iniciativa surge en respuesta al crecimiento de asentamientos irregulares en el sector y busca preservar no sólo el valor ambiental del predio, sino también el ordenamiento territorial de la ciudad.
El proyecto destaca que la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE), en una nota enviada al municipio en 2016, ya había advertido que las tierras nunca fueron transferidas al ámbito local. En ese documento, el organismo nacional instaba al municipio a coordinar acciones conjuntas para evitar nuevos asentamientos y, en paralelo, diseñar un programa de hábitat social superador que contemple soluciones habitacionales integrales.
En ese contexto, el asesor letrado municipal, Daniel Villar, denunció en su momento ante la justicia la presencia de personas ocupando el predio, lo que además representa un riesgo ambiental concreto, especialmente por el peligro de incendios y el daño a la flora y fauna autóctona. El Ministerio Público Fiscal tomó medidas preventivas y, tras diversas investigaciones, remitió el caso a la Justicia Federal por tratarse de tierras nacionales. Sin embargo, la causa fue finalmente archivada.
Ante la persistencia de la problemática, el bloque oficialista impulsa ahora una estrategia de intervención más amplia y coordinada que incluye:
- La facultad al Ejecutivo municipal para implementar acciones que eviten nuevas ocupaciones en predios fiscales.
- La creación de un ordenamiento territorial que regule la urbanización y los usos permitidos en cada zona, con el fin de prevenir construcciones irregulares.
- La autorización al municipio para gestionar ante el Estado Nacional la transferencia definitiva del predio Canteras del Cerro y la regularización dominial de otros terrenos fiscales en el ejido local.
El proyecto también advierte que los asentamientos no sólo afectan al ambiente y al orden legal, sino que además generan riesgos para los propios ocupantes y los vecinos colindantes, debido a construcciones precarias, conexiones clandestinas de servicios y falta de condiciones sanitarias adecuadas.
Desde el oficialismo remarcaron la necesidad de coordinar políticas de control y acompañamiento social que garanticen tanto la protección ambiental como los derechos de todas las personas involucradas. Asimismo, se recuerda la vigencia de las leyes provinciales de ordenamiento territorial y de protección de bosques nativos que rigen en la provincia.
El proyecto será tratado hoy en un contexto donde la ocupación de tierras fiscales se ha vuelto un tema de creciente preocupación social y política en la ciudad. Cabe aclarar que más allá de las herramientas políticas que puedan ponerse en marcha desde el Legislativo, el municipio ya presentó una denuncia ante la Justicia sobre este tema.