La causa que investiga denuncias por una presunta estafa en la ciudad de Alta Gracia, que tiene como señalada a Karina Acevedo, sumó en las últimas horas nuevas presentaciones judiciales y avanza en una etapa clave del proceso.
Los doctores Andrés Paladino y Oscar Zárate asumieron el patrocinio letrado de dos personas damnificadas, quienes denunciaron haber sido víctimas del delito que, en esta instancia, fue encuadrado “en principio como estafa”, y solicitaron medidas cautelares urgentes para garantizar el normal desarrollo de la investigación penal.
Pedido de medidas cautelares
Según informaron los abogados, se solicitará de manera inmediata al Fiscal de Instrucción interviniente la adopción de medidas tendientes a evitar una eventual evasión del proceso penal por parte de la persona denunciada.
Entre las medidas requeridas se destacan:
- Prohibición de salida del país
- Inhibición general de bienes
- Bloqueo y control de cuentas bancarias, entre otras
El objetivo de estas acciones es asegurar la sujeción al proceso judicial y preservar eventuales activos que pudieran ser relevantes para la investigación y futuras responsabilidades.
Análisis de posibles delitos federales
Además, los letrados indicaron que se encuentran analizando la posible existencia de otros delitos, algunos de los cuales podrían ser de competencia federal.
En ese sentido, no se descarta la figura de intermediación financiera no autorizada, un delito que se configura cuando una persona capta fondos del público, por cuenta propia o de terceros, sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego prestarlos o invertirlos, también por cuenta propia o ajena.
Este análisis se da en el marco del presunto mecanismo denunciado por distintos damnificados, que habría implicado la recepción de dinero bajo promesas de operaciones financieras o inversiones.
Posible participación de terceros
Otro punto que no fue descartado por la defensa (al igual que por el Dr. Aguero que lleva adelante la defensa de cuatro damnificados más) es la posible participación de más personas, lo que podría derivar —si así se comprobara— en el encuadre del hecho dentro de la figura penal de asociación ilícita.
No obstante, los abogados aclararon que, por el momento, no ampliarán detalles sobre las líneas de investigación propuestas al Ministerio Público Fiscal, con el fin de no entorpecer las medidas investigativas en curso y resguardar la efectividad del trabajo de la Fiscalía.
Una causa en plena etapa investigativa
La investigación continúa en desarrollo, con múltiples denuncias acumuladas, y se encuentra en una fase donde la adopción de medidas cautelares y la recolección de pruebas resultan determinantes para el avance del expediente.
Desde la defensa de los damnificados remarcaron que la causa está en pleno proceso, y que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades penales a partir de los elementos que se incorporen en la investigación.