La protección de los glaciares argentinos entró en una nueva etapa de incertidumbre política y ambiental. El Senado de la Nación Argentina aprobó la reforma de la histórica Ley 26.639, norma que desde 2010 establece presupuestos mínimos para preservar las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La votación reconfigura el escenario: lo que hasta ahora era una protección nacional con criterios técnicos uniformes podría pasar a depender, en mayor medida, de decisiones provinciales.
Qué cambia y qué está en discusión
La ley original prohibía actividades mineras, hidrocarburíferas y obras de infraestructura sobre glaciares y ambiente periglacial. Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por equipos técnicos del IANIGLA y el CONICET, con criterios científicos homogéneos en todo el país.
La reforma aprobada introduce un cambio central: otorga a las provincias mayor capacidad para determinar qué áreas deben considerarse protegidas y cuáles podrían quedar fuera del inventario si no cumplen determinados parámetros de “relevancia hídrica”.
En términos prácticos, esto significa que actividades hoy vedadas podrían habilitarse en determinadas zonas, dependiendo de la interpretación y regulación local.
El argumento oficial
Desde el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se sostiene que la modificación brinda mayor seguridad jurídica, fortalece el federalismo y despeja obstáculos para inversiones —principalmente en minería— en un contexto económico crítico.
La postura oficial plantea que el desarrollo productivo y la protección ambiental no son excluyentes, sino que pueden convivir bajo reglas claras.
Las alertas ambientales
Del otro lado, organizaciones ambientalistas, científicos y referentes académicos advierten sobre un posible retroceso en materia de protección ambiental. Señalan que la fragmentación de criterios podría debilitar el principio precautorio y abrir conflictos judiciales futuros.
El punto más sensible no es solo el hielo visible en alta montaña, sino el ambiente periglacial: esos suelos congelados que actúan como esponjas naturales regulando el agua que abastece a poblaciones, sistemas productivos y ecosistemas enteros.
La reforma aún no es ley definitiva. El proyecto debe ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se anticipa un debate intenso. Si se aprueba sin modificaciones, el nuevo esquema entrará en vigencia y marcará un giro profundo en la política ambiental argentina.
A partir de ahora, el eje del debate ya no será únicamente técnico: será político, económico y territorial. La pregunta que queda flotando es directa y poderosa: ¿Se trata de una actualización necesaria para el desarrollo o del inicio de una flexibilización en la defensa de las reservas estratégicas de agua del país?