Duilio Cabanillas compartió una publicación que cuestiona a quienes accedieron a una jubilación sin completar los años de aportes. La reacción fue contundente: trabajadores que pasaron décadas en la informalidad, mujeres que dedicaron su vida al cuidado de sus familias y vecinos que salieron a cuestionar sus afirmaciones. Pero la polémica abre un interrogante todavía más profundo: ¿qué responsabilidad tiene un funcionario público a la hora de hablar de los derechos de las personas a las que debe atender?
No es lo mismo no haber trabajado que no tener aportes. Parece una diferencia elemental, pero alcanza para poner en discusión el mensaje que Duilio Cabanillas, titular de la agencia del PAMI de Alta Gracia, decidió compartir en sus redes sociales.
La publicación, de fondo amarillo y letras negras, comienza cuestionando a quienes sostienen que determinados gobiernos les permitieron jubilarse y lanza una pregunta: «¿Cuántos años aportaste? ¿Ninguno?».
Después llega la afirmación que encendió la controversia:
«Entonces no es jubilación, es subsidio. Lo pagan los que se levantan a las 5 a trabajar».
Y remata responsabilizando a esas prestaciones por los bajos ingresos de quienes realizaron aportes durante toda su vida.
El mensaje podría haber pasado como una opinión más dentro de las interminables discusiones políticas de las redes sociales. Sin embargo, adquiere otra dimensión cuando quien lo comparte ocupa un cargo público directamente relacionado con la atención de jubilados y pensionados.
Porque una cosa es discutir el financiamiento del sistema previsional argentino, sus desequilibrios y las diferencias entre quienes aportaron durante décadas y quienes accedieron a una moratoria. Otra muy distinta es reducir una realidad social compleja a una división entre quienes trabajan y quienes supuestamente viven del esfuerzo ajeno.
No tener aportes no significa no haber trabajado
La Argentina tiene una extensa historia de empleo informal. Miles de personas trabajaron durante años sin registración laboral, sin recibos de sueldo y sin que sus empleadores realizaran los aportes correspondientes.
También hay quienes vieron descontados sus aportes previsionales, pero descubrieron después que sus empleadores no los habían ingresado correctamente.
Y existe otra realidad que tampoco puede quedar fuera de la discusión: la de las mujeres que dedicaron décadas al cuidado de sus hijos, familiares y hogares, realizando tareas indispensables para el funcionamiento de la sociedad, aunque históricamente no fueran remuneradas ni reconocidas mediante aportes jubilatorios.
Las moratorias previsionales surgieron, precisamente, como mecanismos para regularizar períodos sin aportes suficientes. No significan que todas las personas beneficiarias hayan recibido una jubilación sin obligaciones económicas: muchos planes contemplaron el pago de una deuda previsional mediante cuotas descontadas de los haberes.
Esto no impide debatir su costo, su financiamiento o su sostenibilidad. Pero sí obliga a distinguir situaciones que la publicación presenta como si fueran equivalentes.
Las redes le respondieron con historias que el mensaje no contemplaba
Las respuestas a la publicación de Cabanillas no tardaron en multiplicarse. Entre críticas, discusiones políticas y defensas del planteo, aparecieron testimonios que pusieron rostro a una realidad mucho más compleja.
«Yo trabajé 32 años y los primeros 10 en negro. Uno se calla porque necesita el trabajo», escribió Alejandra Chávez.
Gisela Scipioni planteó otra posibilidad: «Esa gente que se jubiló seguramente trabajó para alguien que no le hizo los aportes. O fue ama de casa que crió a sus hijos y atendió toda una vida a una familia. No todos son vagos».
Paz Hugo también cuestionó la idea de que quienes se jubilaron sin completar los aportes nunca trabajaron: recordó que muchos fueron empleados informales durante toda su vida.
Y Nando Losada resumió su experiencia con una frase que expone las contradicciones del mercado laboral: «Tengo 30 años de aportes y 30 años de trabajo en negro».
También hubo quienes respaldaron el planteo del funcionario. Algunos señalaron que resulta injusto que una persona que aportó durante décadas perciba un haber similar al de otra que no completó los requisitos contributivos.
Ese reclamo merece ser escuchado. Pero el problema de los bajos haberes jubilatorios no puede explicarse automáticamente responsabilizando a quienes ingresaron al sistema mediante moratorias, sin analizar los múltiples factores económicos, laborales y previsionales que intervienen.
La responsabilidad institucional no termina cuando un funcionario entra a Facebook
Este es, quizás, el punto más delicado de la controversia.
Duilio Cabanillas no es solamente un ciudadano que expresa una posición política. Es un funcionario que ocupa un cargo de responsabilidad en un organismo cuya razón de ser es brindar cobertura y prestaciones a jubilados y pensionados.
Y aunque el PAMI no es el organismo que otorga jubilaciones —esa función corresponde a ANSES—, su titular local trabaja directamente con una población integrada por personas que accedieron al sistema previsional a través de diferentes mecanismos.
Por eso, sus expresiones públicas merecen un análisis especialmente riguroso.
La falta de precisión sobre cómo funcionan las moratorias, la ausencia de distinción entre informalidad laboral y falta de trabajo, y la simplificación del financiamiento previsional resultan especialmente preocupantes cuando provienen de alguien que ejerce una responsabilidad institucional vinculada a los adultos mayores.
No se trata de impedir que un funcionario tenga opiniones políticas. Se trata de exigir que esas opiniones no desconozcan derechos, realidades sociales ni mecanismos legales que afectan directamente a las personas que debe atender.
El verdadero debate que quedó pendiente
La publicación también afirma que, por las jubilaciones sin aportes, quienes contribuyeron toda su vida hoy cobran haberes miserables.
Es una afirmación que exige mucho más que una consigna compartida en Facebook.
La crisis de los ingresos jubilatorios involucra años de problemas estructurales: informalidad laboral, salarios insuficientes, cambios en las fórmulas de movilidad, inflación, financiamiento del sistema y decisiones económicas de distintos gobiernos.
Reducir todo ese entramado a una supuesta disputa entre jubilados con aportes y jubilados por moratoria puede alimentar un enfrentamiento entre personas que, en muchos casos, comparten una misma dificultad: llegar a fin de mes.
Y mientras esa discusión se desarrolla, queda una pregunta que trasciende las diferencias partidarias:
¿Puede un funcionario encargado de atender a jubilados desconocer públicamente las circunstancias laborales y sociales que llevaron a miles de ellos a necesitar una moratoria previsional?
Cabanillas tiene derecho a sostener su posición política. Los ciudadanos tienen el mismo derecho a cuestionarla. Pero el cargo que ocupa también implica una responsabilidad adicional: informarse, expresarse con precisión y comprender la diversidad de situaciones de quienes dependen de los servicios del organismo que representa.
Si dudas, detrás de cada jubilación hay una historia. Y no todas esas historias entran en una consigna de fondo amarillo.

