La Asociación 8 de Agosto mantuvo una audiencia con representantes del Ejecutivo Municipal de Alta Gracia en el marco del proceso judicial por el cumplimiento de la sentencia que ordena realizar obras de infraestructura y garantizar servicios básicos en el sector. Sin embargo, según expresó Andrea Tossetti, integrante de la organización, el encuentro terminó sin avances concretos ni compromisos que permitan modificar la situación de las familias.
La reunión se realizó por disposición del Tribunal y contó con la participación del intendente Jorge De Napoli; el doctor Daniel Villar; la concejal Lucía Allende; Marcela Rodríguez, en representación de la Universidad Nacional de Córdoba; la arquitecta Luciana Aurich y representantes de la Asociación 8 de Agosto.
Según explicó Tossetti, el Municipio debía presentar un plan de trabajo, el financiamiento previsto y el desarrollo de los proyectos correspondientes a las obras pendientes. No obstante, aseguró que solamente se entregó un informe sin firmas, que —según señaló— vuelve a reiterar cuestiones ya planteadas en encuentros anteriores.
“En estos seis meses no se ha cumplido nada de lo que se debía cumplir”, sostuvo la referente, quien anticipó que ahora esperan que el juez convoque a las partes para conocer qué medidas se tomarán frente a la falta de avances.
La preocupación de las familias se agrava por la situación de los servicios básicos. Tossetti indicó que el sector lleva tres días sin agua y recordó que los reclamos por este problema se arrastran desde hace aproximadamente 12 años. “Ya basta. Hay una sentencia fija que se debe cumplir”, expresó durante la entrevista.
La referente también recordó que la Asociación había concurrido recientemente al Concejo Deliberante para solicitar un informe sobre las gestiones realizadas y pedir que se retomara el contacto con los gobiernos provincial y nacional. Según manifestó, la sentencia establece la participación de las tres jurisdicciones, pero cuestionó que hasta el momento no se hayan presentado soluciones concretas.
Entre las obras pendientes mencionó la apertura de calles, mensuras, conexiones de agua y electricidad, además de trabajos de saneamiento e infraestructura básica.
Actualmente, de acuerdo con los datos aportados por Tossetti, viven unas 45 familias en el sector. Además, señaló que otras 11 familias prevén trasladarse allí en diciembre, debido a que ya no pueden afrontar el costo de los alquileres. Según indicó, algunas de ellas están construyendo sus viviendas en condiciones precarias y sin acceso a agua, luz ni calles abiertas.
Tras la audiencia, el nuevo paso será esperar la presentación de la documentación ante el juzgado y la eventual convocatoria del juez. “No queda otra que esperar a ver qué resuelve”, concluyó Tossetti, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas para las familias del barrio.