Más de 20 familias y proveedores esperan respuestas de la Justicia por una situación que, aseguran, les dejó cabañas sin terminar, nuevos gastos que afrontar y distintos problemas en construcciones que habían contratado y pagado.
El caso tendrá este miércoles un nuevo capítulo. A las 9 se realizará una audiencia en el Juzgado N.º 2 de Alta Gracia, ubicado en San Lorenzo 415, en el marco de una causa que involucra a Juan Manuel Sánchez Buteler y Vanina Maldonado, vinculados a Alma Gaucha Constructora.
Los damnificados sostienen que existen presuntos incumplimientos vinculados con la construcción de cabañas y reclaman respuestas por obras inconclusas y los perjuicios económicos que, aseguran, debieron afrontar.
De acuerdo con los testimonios recogidos por Mi Valle, entre los afectados habría familias que debieron destinar nuevamente dinero para intentar finalizar sus viviendas, además de proveedores que también mantienen reclamos.
La empresa tenía compromisos vinculados con construcciones de cabañas en Villa Ciudad Parque, Potrero de Garay, Los Reartes, Villa General Belgrano, Embalse, Huerta Grande, Cabalango y otras localidades de Córdoba.
Los damnificados aseguran que los problemas no se limitaron únicamente a demoras en los plazos de entrega.
Entre las situaciones denunciadas mencionan viviendas sin finalizar, diferencias en las dimensiones construidas, inconvenientes con instalaciones, aberturas que debieron ser reinstaladas y trabajos que, según sostienen, no se correspondían con lo acordado originalmente.
A este escenario se suma un elemento que surge de un expediente judicial presentado durante 2026: Juan Manuel Sánchez Buteler solicitó su propia declaración de quiebra, argumentando encontrarse en estado de cesación de pagos.
En esa presentación, el empresario manifestó que desde 2022 se dedicaba a la construcción de cabañas, principalmente de madera, a través de la sociedad El Yelmo S.A.S., que utilizaba comercialmente el nombre Alma Gaucha Constructora.
El expediente menciona además distintos inconvenientes que, de acuerdo con la presentación realizada por el propio empresario, habrían repercutido en el desarrollo de algunos trabajos, entre ellos falta de servicios de agua y electricidad, demoras en autorizaciones municipales o comunales, clausuras de construcciones y dificultades económicas.
Para quienes hoy reclaman, sin embargo, la situación excede ampliamente una demora vinculada con esas circunstancias.
Uno de los damnificados resumió a Mi Valle la dimensión que fue tomando el conflicto:
“Es llamativo, indignante y alentador a la vez que seamos cerca de 20 familias y proveedores”.
Además del reclamo particular, los afectados plantean un debate más amplio: la necesidad de contar con mayores mecanismos de control sobre las empresas constructoras y herramientas que permitan a los consumidores conocer sus antecedentes antes de entregar importantes sumas de dinero o contratar una obra.
La audiencia de este miércoles genera expectativa entre quienes desde hace meses buscan respuestas y será una nueva instancia dentro de un conflicto que ya reúne a damnificados de diferentes puntos de la provincia.