Llaryora ordenó recortar el gasto provincial y mantiene la poda salarial en la planta política

El gobernador de Córdoba, resolvió avanzar con un recorte del 10% sobre el gasto público provincial, en una decisión que alcanza a ministerios, organismos descentralizados, empresas del Estado e incluso a otros poderes del Estado. La medida, según trascendió, excluye salarios de empleados, jubilaciones y transferencias a municipios, y apunta a generar un ahorro cercano a los $198.000 millones hasta diciembre.

La decisión se produce en medio de un escenario de fuerte presión sobre las cuentas públicas. Distintos reportes recientes reflejan una caída de la recaudación y de los recursos de origen nacional que recibe Córdoba. En paralelo, el Gobierno provincial busca cerrar frentes salariales abiertos, especialmente en el área docente, donde fue presentada una cuarta propuesta paritaria con un aumento anual mínimo garantizado del 40%, pagos retroactivos por febrero y marzo y subas mensuales desde mayo.

Pero el ajuste no llega solo. Desde enero, Llaryora también prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción de salarios para la planta política del Poder Ejecutivo. De este modo, siguen vigentes los descuentos del 25% para el gobernador y la vicegobernadora, del 15% para ministros y del 10% para el resto de los funcionarios políticos. La Provincia justificó esa decisión en la continuidad de las condiciones económicas y fiscales que obligan a sostener una política de austeridad.

En ese marco, el mensaje político del Panal parece claro: el ajuste no quedará restringido a gastos menores ni a áreas periféricas, sino que atravesará a toda la estructura estatal. La lupa también estará puesta sobre las empresas públicas, que deberán revisar sus números y alinearse con una estrategia general de control del gasto.

Aun así, el Gobierno provincial intenta sostener una línea discursiva que lo diferencie del ajuste nacional, al asegurar que preservará salarios, jubilaciones y fondos destinados a municipios. El desafío, sin embargo, será delicado: ordenar las cuentas, contener el conflicto salarial y evitar que el recorte termine impactando de lleno en áreas sensibles de la gestión.